YO SÉ QUE QUIEREN QUE NOS ALEGREmos con la muerte de Pablo Escobar. Yo sé que quieren que nos alegremos con la muerte del Mono Jojoy. Yo sé que quieren que nos alegremos con la muerte de Marulanda. Y que nos alegremos con la muerte de Desquite, de Sangrenegra, de Efraín González.
Yo no me alegro. No me alegra la muerte de nadie. Pienso que todos esos monstruos no fueron más que víctimas de una sociedad injusta hasta los tuétanos, una sociedad que fabrica monstruos a ritmo industrial, y lo digo públicamente, que la verdadera causante de todos estos monstruos es la vieja dirigencia colombiana, que ha sostenido por siglos un modelo de sociedad clasista, racista, excluyente, donde la ley “es para los de ruana”, y donde todavía hoy la cuna sigue decidiendo si alguien será sicario o presidente. (más…)
Truculencias, evasivas y desprecio de la ley es todo lo que muestra la declaración del ex presidente a raíz de las sanciones contra su ex Secretario. Pero tal vez se le escapó un detalle.
Un sí para decir que no
“Yo asumo la responsabilidad jurídica y política“, dijo con hidalguía el ex presidente Álvaro Uribe al conocer la sanción que el Procurador General de la Nación le impuso a un subalterno suyo en relación con las chuzadas del DAS.
Cualquiera pensaría que la frase era una prueba de solidaridad por parte de un superior reconocidamente “frentero”, o un preámbulo para expresar indignación, o una muestra de arrepentimiento ante la comprobación de los abusos de poder que tuvieron lugar durante su mandato. Pero la declaración completa en realidad fue redactada por el rábula:
“…Me permito manifestar que si aquello que hizo el Dr. Bernardo Moreno, en su calidad de Secretario General de la Presidencia, fue averiguar al DAS(Departamento Administrativo de Seguridad) y a la UIAF (Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero) por las denuncias que medios de comunicación habían formulado sobre posible penetración de presuntos narcotraficantes en asuntos de algunos magistrados, y además nunca sugirió actividades ilegales, yo asumo la responsabilidad jurídica y política por esa conducta”[1]. (más…)
El Presidente nada en dos aguas y en ambas contra la corriente. ¿Le impedirán el uribismo rural, que exige nuevas medidas de fuerza, y el urbano, más moderado, desarrollar su proyecto de la “tercera vía”?
Los dos uribismos
A dos meses de iniciarse la administración Santos comienza a soportar -y a expresar- las tensiones de su proyecto político. En efecto, ha querido conciliar no sólo los dos perfiles del uribismo sino incluso convocar una gran alianza de unidad nacional en torno a su programa de gobierno. Busca, claro está, tomar distancia de la seguridad democrática y pasar a la historia como el gobierno de la prosperidad democrática, de su propia autoria.
Más allá del esencialismo en que caen no pocos análisis “críticos“, lo cierto es que el uribismo no puede ser reducido a uno solo. En él convergen al menos dos eticidades o fuerzas sociales determinantes:
La decisión disciplinaria contra Bernardo Moreno y el comunicado en el que Uribe asumió la responsabilidad política y jurídica de su ex secretario privado, fueron los argumentos para que la comisión investigadora del Congreso le abriera investigación.
El fallo de la Procuraduría que destituyó a Bernardo Moreno y otros ex directores del DAS por el escándalo de las interceptaciones ilegales tuvo su primera reacción en cadena, tan solo una semana después de esa decisión disciplinaria.
Este martes, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes decidió abrir una investigación de oficio contra el ex presidente Álvaro Uribe Vélez.
El propósito de la investigación será determinar si Uribe, como Presidente de la República, tuvo o no responsabilidad directa en la extralimitación de funciones en la que incurrieron su secretario privado, Bernardo Moreno, tres ex directores del DAS, y el entonces director de la Uiaf del Ministerio de Hacienda, Mario Aranguren, quienes de forma irregular hicieron seguimientos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, tal como lo advirtió la Procuraduría. (más…)
El Ministerio Público también notificó al ex ministro de Agricultura, Andrés Fernández; el ex gerente del Incoder, Rodolfo José Campo Soto; la directora de Financiamiento y Comercio, Camila Reyes; el director de Desarrollo Rural, Javier Romero; y el viceministro de Agricultura, Juan Camilo Salazar.
La Procuraduría General de la Nación abrió pliego de cargos contra el ex ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, por el escándalo del programa de subsidios Agro Ingreso Seguro (AIS). El Ministerio Público también notificó al ex ministro de Agricultura, Andrés Fernández, al ex gerente del Incoder, Rodolfo José Campo Soto; la directora de Financiamiento y Comercio, Camila Reyes; el director de Desarrollo Rural, Javier Romero; y el viceministro de Agricultura, Juan Camilo Salazar.
En declaraciones previas, el procurador Alejandro Ordóñez había dicho que en AIS era posible que hubiera falencias en la elaboración de convenios de cooperación, estudios previos, gastos de administración y además aseguró que no hubo el suficiente monitoreo y control durante la creación de este programa.
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Las diferencias entre los cabildantes de Cambio Radical y La U, sobre el control político a la movilidad en Bogotá, dejan ver lo que será un problema para Santos en la campaña por las alcaldías y gobernaciones: mantener la coalición unida.
Hasta ahora la Unidad Nacional, que fue el nombre con el que el Gobierno bautizó la coalición integrada por el Partido Liberal, Cambio Radical, La U y el Partido Conservador, ha logrado sobreaguar sus principales escollos para mantenerse unida.
Sin embargo, analistas y dirigentes políticos prevén que la prueba definitiva será la campaña que se avecina para las elecciones del 2011, en las que se escogerán alcaldes, gobernadores, concejales y diputados. ¿La razón? Las dinámicas políticas locales no obedecen a las mismas lógicas con las que funciona la política en el nivel nacional. (más…)
CNE: actuación de Fajardo es “reprochable”. Defensores de la ex fórmula vicepresidencial: “interpretación del tribunal electoral es mal intencionada”.
La inclusión de los honorarios de Sergio Fajardo dentro de los gastos de campaña del Partido Verde ha generado polémica. Para el Consejo Nacional Electoral es una falta a las “buenas costumbres”, mientras que que para los defensores del ex alcalde de Medellín esa es una acusación malintencionada.
El Partido Verde, dentro de sus gastos, incluyó un contrato por 48 millones de pesos por concepto de los honorarios de Fajardo como candidato a la vicepresidencia de la organización, entre el 12 de abril y el 28 de mayo. También incluyó la venta de unos servicios de Fajardo (entre los que se cuentan documentos de la elaboración del programa) por concepto de un poco más de 100 millones de pesos. (más…)
Como el gobierno norteamericano ha sido impotente para que sus ciudadanos dejen de consumir, ha trasladado la obligación de combatir el tráfico a los países productores.
Comentó en días pasados Hillary Clinton, secretaria de Estado de los Estados Unidos, que México se está pareciendo a la Colombia de hace 20 años. Se indignaron los mexicanos de pro. Se indignaron los colombianos de pro. Unos y otros son amigos de negar la realidad. A Hillary, que es gringa de pro –altísima funcionaria, antigua primera dama– le sucede otra cosa: no la conoce.
Pues su comparación está basada en la ignorancia. Según ella, hoy en México, como en Colombia hace 20 años, los carteles del narcotráfico “empiezan a tener visos de insurgencia”. Y lo de aquí fue al revés: los grupos insurgentes, que existían desde decenios antes de que apareciera el tráfico de drogas, empezaron hace 20 años a cobrar visos de carteles del narcotráfico. Y no sólo ellos. También lo hicieron los grupos contrainsurgentes –los paramilitares protegidos por las autoridades– y muchos colombianos de pro. No fue la insurgencia la que corrompió al narcotráfico. Fue el narcotráfico el que corrompió a la insurgencia. Y a casi todo lo demás. (más…)
El escándalo de las ‘chuzadas’ del DAS parece no tocar fondo. Este miércoles, Caracol Radio reveló parte de la información que guardó celosamente el ex jefe del grupo Goni Fernando Ovalle, quien falleció el pasado mes de enero, y que él mismo le entregó en una caja a William Romero, ex jefe de fuentes humanas.
La primera revelación tiene que ver con que en un documento titulado “Exclusivo para la Subdirección de Fuentes Humanas del DAS”, y entregado por una fuente identificada como ‘Y64-1’, descrita como “habitual, confiable y con acceso a la información a través de terceros ubicados en el blanco”, dice que el 18 de febrero de 2009 el procurador Alejandro Ordóñez decidió reversar las posibles destituciones del ex ministro de Protección Social, Diego Palacio, y del ex ministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt de la Vega, en las investigación por la llamada ‘yidispolítica’.
La fuente escribió en el informe: “en reunión cerrada el 18 de febrero de 2009 en su despacho, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, determinó abrogar las posibles destituciones del ministro de la Protección Social, Diego Palacio, y el ex embajador de Colombia en Italia, Sabas Pretelt De la Vega”.
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Parecería que el concepto “democracia” manejado por los actores de siempre diera para todo. Pero no. Para comenzar, las cosas no cambian por el hecho de añadirle la palabra “prosperidad” a la seguridad democrática.
Legal pero fuera de la ley
No hace falta argumentar mucho para mostrar que las tesis de la política democrática en Colombia han estado en serias dificultades en los últimos tiempos.
Esta impresión surge del análisis de las prácticas políticas que hemos experimentado, orientadas por la pretensión de garantizar seguridad. Ellas buscaron justificar una estructura de relaciones de poder en el Estado, con un predominio absoluto del ejecutivo sobre los otros dos poderes.
Esta pretensión se realizó a través de los mecanismos procedimentales previstos en la ley, pero también por caminos ilegales. En efecto:
- Con la pretendida segunda reelección presidencial se buscó desarrollar una reforma institucional que desarticulaba el sentido fundamental de Constitución;
- Se manejaron prácticas corruptas para controlar y eliminar a la oposición, dentro de las cuales se utilizó a la policía secreta con fines políticos;
- Se asesinó y desapareció a personas inocentes para mostrar ante la opinión pública triunfos inexistentes de las fuerzas militares;
- Se distribuyeron los recursos del Estado, pocos o muchos, entre los más ricos;
- Se pagaron los votos favorables al régimen con notarías, otros cargos y contratos oficiales;
- Se entregaron las zonas francas como beneficio dinástico;
- Se favoreció un proceso de acumulación de riquezas y de concentración de la propiedad territorial en alianza con élites regionales vinculadas al narcotráfico y al paramilitarismo; y, por último,
- Se establecieron condiciones de negociación con el paramilitarismo sobre la base de la aceptación de un alto grado de impunidad, del sacrificio de la verdad y de la inexistente política de reparación a las víctimas. (más…)