Truculencias, evasivas y desprecio de la ley es todo lo que muestra la declaración del ex presidente a raíz de las sanciones contra su ex Secretario. Pero tal vez se le escapó un detalle.

“Yo asumo la responsabilidad jurídica y política“, dijo con hidalguía el ex presidente Álvaro Uribe al conocer la sanción que el Procurador General de la Nación le impuso a un subalterno suyo en relación con las chuzadas del DAS.

Cualquiera pensaría que la frase era una prueba de solidaridad por parte de un superior  reconocidamente “frentero”, o un preámbulo para expresar indignación, o una muestra de arrepentimiento ante la comprobación de los abusos de poder que tuvieron lugar durante su mandato. Pero la declaración completa en realidad fue redactada por el rábula:

“…Me permito manifestar que si aquello que hizo el Dr. Bernardo Moreno, en su calidad de Secretario General de la Presidencia, fue averiguar al DAS(Departamento Administrativo de Seguridad) y a la UIAF (Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero) por las denuncias que medios de comunicación habían formulado sobre posible penetración de presuntos narcotraficantes en asuntos de algunos magistrados, y además nunca sugirió actividades ilegales, yo asumo la responsabilidad jurídica y política por esa conducta”[1].

Las truculencias

El señor ex presidente Álvaro Uribe no asume entonces la responsabilidad por los hechos sino que trata de escurrir el bulto. El uso rabulesco del condicional convierte su aparente admisión en una excusa (“si lo que hizo fue…”). Y este condicional es una sarta de truculencias:

- “Averiguar al DAS y a la UIAF” da la impresión de una pregunta casual a funcionarios que ya estaban enterados de los hechos, igual que uno “averigua” si su NIT está en la lista de morosos. El DAS y la UIAF en cambio dependen de la Presidencia de la República y cuando el Secretario General “averigua” está ordenando que averigüen es decir, está pidiendo que se lleve a cabo una investigación acerca de los  magistrados de la Corte Suprema de Justicia- lo cual es una violación flagrante de la ley.

- Las denuncias en cuestión no habían “sido formuladas” por los medios de comunicación sino que el DAS las filtró luego a los medios, según las investigaciones de la Fiscalía. En efecto, de acuerdo con El Tiempo, “La UIAF elaboró, por petición del DAS, informes de inteligencia financiera sobre (Ascencio) Reyes (el presunto narcotraficante) que terminaron extendiéndose a magistrados. Esos reportes hicieron parte de carpetas secretas en el DAS que, según la Fiscalía, fueron filtrados a los medios por funcionarios de la Casa de Nariño, para “neutralizar” a la Corte[2]. Y la revista Cambio por su parte añadió  que “A comienzos de julio (de 2008) la directora del DAS tenía en sus manos un informe de 25 páginas, y discos y gráficos anexos bajo el título de “Paseo”, radicado con el No. 2347. Parte de esa información, filtrada a algunos medios de comunicación, daba cuenta de movimientos de Ascencio Reyes Serrano, conocido en círculos judiciales y con acceso a varias oficinas de magistrados de las Cortes y de la Fiscalía“[3].

- En la “penetración” de “presuntos narcotraficantes” en “asuntos” de “algunos” (magistrados) se hilvanan cuatro o cinco vaguedades para evadir la cuestión de si el DAS o la UIAF podrían tener o no jurisdicción para ocuparse de ese tipo de actos (es decir si en el caso de no haber sido ejecutadas por magistrados sino por particulares, esas conductas podían ser materia de investigación desde el punto de vista de la inteligencia policial o de la inteligencia financiera porque afectaran la “seguridad del Estado” o porque implicaran lavado de activos, respectivamente).

- “…y además no sugirió actividades ilegales” significa “hágalo pero no me cuente cómo”, y es la frase de rigor para los jefes que quieren escurrir el bulto.

Las cortinas de humo

En los demás párrafos de su declaración de esta semana, el señor ex presidente afirma que:

- “Ha sido mi costumbre asumir responsabilidades en la vida pública y en la actividad privada“.

- “La Seguridad Democrática dio garantías a todas las fuerzas políticas; la oposición las disfrutó plenamente. En el debate y en la contradicción siempre he puesto las cartas sobre la mesa, no ha habido asomos en mi mente de interceptaciones. Promovimos la aprobación de la ley de inteligencia que precisa la tipificación de delitos como la interceptación sin orden de autoridad competente y la violación del derecho a la intimidad“.

- También fui interceptado y he pedido, reiteradamente y sin éxito, claridad sobre autores intelectuales de casos como las grabaciones de conversaciones entre un agente norteamericano y un magistrado auxiliar de la Corte Suprema que se presentaron a medios de comunicación para mancillar al Gobierno de entonces”.

- Pregunté abiertamente a la Corte Suprema, al DAS y a la Fiscalía por la investigación que se me estaría adelantando por la temeraria denuncia que me señala de haber contratado a un paramilitar en 2003 para asesinar a otro, caso Tasmania. El DAS no me dio respuesta alguna.”

Cada lector tendrá lo suyo que opinar acerca de la tolerancia hacia la crítica o el sentido de autocrítica que adorna la personalidad del doctor Álvaro Uribe, acerca de las garantías a la oposición que ofreció la Seguridad Democrática, acerca del bochornoso episodio del agente norteamericano y el magistrado auxiliar de la Corte, o acerca del aún más bochornoso asesinato del paramilitar “Tasmania”.

Y sin embargo a los efectos de este artículo, basta con anotar que los cuatro argumentos sólo son cuatro intentos de distraer o diluir “la responsabilidad jurídica y política” porque -así fueran ciertos- no modifican ni califican la conducta del Secretario o la del Presidente en relación con los hechos que dieron pie a la medidas del procurador contra el doctor Moreno.

Ignorancia o desprecio de la ley

Más triste aún que los distractores o las rabuladas es la admisión que hace el ex gobernante sobre su ignorancia inexcusable o su olímpica falta de respeto por la ley. En un Estado de derecho el Presidente de la República no adelanta, ni autoriza, ni interviene en investigaciones penales, que por supuesto corresponden al poder judicial:

- Entre las veintiocho atribuciones que el Artículo 189 de la Carta confiere al Presidente de la República no figura la de investigar delitos de ninguna índole;

- El Artículo 201 limita al Gobierno, “en relación con la Rama Judicial” a “prestar a los funcionarios judiciales, con arreglo a las leyes, los auxilios necesarios para hacer efectivas sus providencias”, y

- El artículo 228 ratifica que las decisiones de la Administración de Justicia“son independientes“.

Pero además, si falta hiciera, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, igual que el mismo ex presidente de la República, sólo podrían ser investigados por la Cámara de Representantes (Artículo 178) con el auxilio especial de la Fiscalía (Artículo 251) y para ser juzgados por el Senado (Artículo 174).

Ni el DAS ni la UIAF tenían pues velas en el asunto. Y si por cualquier medio el Presidente o un empleado suyo se hubieran enterado de algún posible delito, su obligación de ciudadano -y todavía más, de funcionario- era tan simple como advertirlo ante la autoridad competente…Por no agregar que al transmitir los hallazgos al Secretario General o al mismo Presidente, el funcionario del DAS o de la UIAF debió dejar saber por qué la información era confiable (“oímos que el magistrado dijo por teléfono…”) y este hecho ilegal tenía por sí que denunciarse.

Interés superior

No faltara quien piense o diga que el entonces presidente actuó en defensa de un bien más importante que todos esos “tecnicismos” de la ley: evitar la narco-captura de la Corte Suprema de Justicia, en una situación donde además no podía confiar en las “autoridades competentes”.

Pero aquí entra lo peor para el ex presidente: su Secretario  estaba “averiguando”, no acerca de unos funcionarios sospechosos, sino de magistrados que estaban encarcelando a sus parientes, amigos o colaboradores más cercanos. Era usar dos agencias del Estado para perseguir a los adversarios del jefe del Estado, para desprestigiar en este caso a los jueces que cumplían el deber de investigar y sancionar a los culpables de la oscura cadena de sucesos que dimos en llamar “parapolítica” y “yidispolítica”.

Es el abuso grande del poder y la responsabilidad real que habría de asumir el señor ex presidente Álvaro Uribe.

Un comienzo… de nada

La declaración del exjefe de Estado fue  redactada con sumo cuidado. Pero su autor acaso no observó que ese texto inocente de por sí excluye la defensa de primera línea que usan los presidentes en semejantes casos: “fue a mis espaldas” -yo no lo sabía, o me enteré  después de lo ocurrido.

Igual que con las explicaciones cada vez más embrolladas de Nixon sobreWatergate o las de Ernesto Samper sobre la campaña del 94, la declaración de Álvaro Uribe podría ser la punta del ovillo que eventualmente conecte el caso de Moreno con otros funcionarios en su entorno, con las demás chuzadas, con la persecución de magistrados, críticos y opositores, o con las sórdidas historias de la “yidis” o la “para” política, en un tejido cuyo centro tuvo que estar en Casa de Nariño.

Para eso sin embargo haría falta un senador con la tenacidad famosa de Sam Erwin y su pregunta incisiva en Watergate: “¿exactamente qué sabía el presidente, y exactamente cuándo supo el presidente?”. Más todavía: haría falta un Congreso muy distinto del Congreso que Colombia eligió.