YO SÉ QUE QUIEREN QUE NOS ALEGREmos con la muerte de Pablo Escobar. Yo sé que quieren que nos alegremos con la muerte del Mono Jojoy. Yo sé que quieren que nos alegremos con la muerte de Marulanda. Y que nos alegremos con la muerte de Desquite, de Sangrenegra, de Efraín González.

Yo no me alegro. No me alegra la muerte de nadie. Pienso que todos esos monstruos no fueron más que víctimas de una sociedad injusta hasta los tuétanos, una sociedad que fabrica monstruos a ritmo industrial, y lo digo públicamente, que la verdadera causante de todos estos monstruos es la vieja dirigencia colombiana, que ha sostenido por siglos un modelo de sociedad clasista, racista, excluyente, donde la ley “es para los de ruana”, y donde todavía hoy la cuna sigue decidiendo si alguien será sicario o presidente.

Tanto talento empresarial de ese señor Escobar, convertido en uno de los hombres más ricos del mundo, y dedicado a gastar su fortuna en vengarse de todos, en hacerles imposible la vida a los demás, en desafiar al Estado, en matar policías como en cualquier película norteamericana, en hacer volar aviones en el aire: tanta abyección no se puede explicar con una mera teoría del mal: no en cualquier parte un malvado se convierte en semejante monstruo.

Y tanto talento militar como el de ese señor Marulanda, que le dio guerra a este país durante décadas y se murió en su cama de muerte natural, o a lo sumo de desengaño, ante la imposibilidad de lograr algo con su inútil violencia, pero que se dio el lujo triste de mantener a un país en jaque medio siglo, y de obligar al Estado a gastarse en bombas y en esfuerzos lo que no se quiso gastar en darles a unos campesinos unos puentes que pedían y unas carreteras.

Yo sé que quieren hacernos creer que esos monstruos son los únicos causantes del sufrimiento de esta nación durante medio siglo, pero yo me atrevo a decir que no es así. Esos monstruos son hijos de una manera de entender a Colombia, de una manera de administrarla, de una manera de gobernarla, y millones de colombianos lo saben.

Por eso Colombia no encontró la paz con el exterminio de los bandoleros de los años cincuenta. Por eso no encontró la paz con la guerra incesante contra los guerrilleros de los años sesenta. Por eso no encontró la paz tras la desmovilización del M-19. Por eso no conseguimos la paz, como nos prometían, cuando Ledher fue capturado y extraditado, y cuando Rodríguez Gacha fue abatido en los platanales del Caribe y Pablo Escobar tiroteado en los tejados de Medellín, ni cuando murieron Santacruz y Urdinola y Fulano y Zutano y todo el cartel X y todo el cartel Y, y tampoco se hizo la paz cuando murió Carlos Castaño sobre los miles de huesos de sus víctimas, ni cuando extraditaron a Mancuso y a Don Berna y a Jorge 40, y a todos los otros.

Porque esos monstruos son como frutos que brotan y caen del árbol muy bien abonado de la injusticia colombiana. Y por eso, aunque quieren hacernos creer que serán estas y otras mil muertes las que le traerán la felicidad a Colombia, los desórdenes nacidos de una dirigencia irresponsable y apátrida, yo me atrevo a pensar que no será una eterna lluvia de las balas matando colombianos degradados, sino un poco de justicia y un poco de generosidad , lo que podrá por fin traerle paz y esperanza a esa mitad de la población hundida en la pobreza, que es el surco de donde brotan todos los guerrilleros y todos los paramilitares y todos los delincuentes que en Colombia han sido, y todos los niños sicarios que se enfrentan con otros niños en los azarosos laberintos de las lomas de Medellín, y que vagan al acecho en los arrabales de Cali y de Pereira y de Bogotá.

Claro que las Farc matan y secuestran, trafican y extorsionan, profanan y masacran día a día, y claro que el Estado tiene que combatirlas, y es normal que se den de baja a los asesinos y a los monstruos. Pero que no nos llamen al júbilo, que no nos pidan que nos alegremos sin fin por cada colombiano extraviado y pervertido que cae día tras día en la eterna cacería de los monstruos, ni que creamos que esa vieja y reiterada solución es para Colombia la solución verdadera. Porque si seguimos bajo este modelo mental, no alcanzarán los árboles que quedan para hacer los ataúdes de todos los delincuentes que todavía faltan por nacer.

Más bien, qué dolor que esta dirigencia no haya creado las condiciones para que los colombianos no tengan que despeñarse en el delito y en el crimen para sobrevivir. Qué dolor que Colombia no sea capaz de asegurarle a cada colombiano un lugar en el orden de la civilización, en la escuela, en el trabajo, en la seguridad social, en la cultura, en la sana emulación de las ceremonias sociales, en el orgullo de una tradición y de una memoria. Yo, personalmente, estoy cansado de sentir que nuestro deber principal es el odio y nuestra fiesta el exterminio.

Construyan una civilización. Denle a cada quien un mínimo de dignidad y de respeto. Hagan que cada colombiano se sienta orgulloso de ser quien es, y no esté cargado de frustración y de resentimiento. Y ya verán si Colombia es tan mala como quieren hacernos creer los que no ven en la violencia del Estado un recurso extremo y doloroso para salvar el orden social, sino el único instrumento, década tras década, y el único remedio posible para los viejos males de la nación.

“Yo asumo la responsabilidad jurídica y política“, dijo con hidalguía el ex presidente Álvaro Uribe al conocer la sanción que el Procurador General de la Nación le impuso a un subalterno suyo en relación con las chuzadas del DAS.

Cualquiera pensaría que la frase era una prueba de solidaridad por parte de un superior  reconocidamente “frentero”, o un preámbulo para expresar indignación, o una muestra de arrepentimiento ante la comprobación de los abusos de poder que tuvieron lugar durante su mandato. Pero la declaración completa en realidad fue redactada por el rábula:

“…Me permito manifestar que si aquello que hizo el Dr. Bernardo Moreno, en su calidad de Secretario General de la Presidencia, fue averiguar al DAS(Departamento Administrativo de Seguridad) y a la UIAF (Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero) por las denuncias que medios de comunicación habían formulado sobre posible penetración de presuntos narcotraficantes en asuntos de algunos magistrados, y además nunca sugirió actividades ilegales, yo asumo la responsabilidad jurídica y política por esa conducta”[1].

Las truculencias

El señor ex presidente Álvaro Uribe no asume entonces la responsabilidad por los hechos sino que trata de escurrir el bulto. El uso rabulesco del condicional convierte su aparente admisión en una excusa (“si lo que hizo fue…”). Y este condicional es una sarta de truculencias:

- “Averiguar al DAS y a la UIAF” da la impresión de una pregunta casual a funcionarios que ya estaban enterados de los hechos, igual que uno “averigua” si su NIT está en la lista de morosos. El DAS y la UIAF en cambio dependen de la Presidencia de la República y cuando el Secretario General “averigua” está ordenando que averigüen es decir, está pidiendo que se lleve a cabo una investigación acerca de los  magistrados de la Corte Suprema de Justicia- lo cual es una violación flagrante de la ley.

- Las denuncias en cuestión no habían “sido formuladas” por los medios de comunicación sino que el DAS las filtró luego a los medios, según las investigaciones de la Fiscalía. En efecto, de acuerdo con El Tiempo, “La UIAF elaboró, por petición del DAS, informes de inteligencia financiera sobre (Ascencio) Reyes (el presunto narcotraficante) que terminaron extendiéndose a magistrados. Esos reportes hicieron parte de carpetas secretas en el DAS que, según la Fiscalía, fueron filtrados a los medios por funcionarios de la Casa de Nariño, para “neutralizar” a la Corte[2]. Y la revista Cambio por su parte añadió  que “A comienzos de julio (de 2008) la directora del DAS tenía en sus manos un informe de 25 páginas, y discos y gráficos anexos bajo el título de “Paseo”, radicado con el No. 2347. Parte de esa información, filtrada a algunos medios de comunicación, daba cuenta de movimientos de Ascencio Reyes Serrano, conocido en círculos judiciales y con acceso a varias oficinas de magistrados de las Cortes y de la Fiscalía“[3].

- En la “penetración” de “presuntos narcotraficantes” en “asuntos” de “algunos” (magistrados) se hilvanan cuatro o cinco vaguedades para evadir la cuestión de si el DAS o la UIAF podrían tener o no jurisdicción para ocuparse de ese tipo de actos (es decir si en el caso de no haber sido ejecutadas por magistrados sino por particulares, esas conductas podían ser materia de investigación desde el punto de vista de la inteligencia policial o de la inteligencia financiera porque afectaran la “seguridad del Estado” o porque implicaran lavado de activos, respectivamente).

- “…y además no sugirió actividades ilegales” significa “hágalo pero no me cuente cómo”, y es la frase de rigor para los jefes que quieren escurrir el bulto.

Las cortinas de humo

En los demás párrafos de su declaración de esta semana, el señor ex presidente afirma que:

- “Ha sido mi costumbre asumir responsabilidades en la vida pública y en la actividad privada“.

- “La Seguridad Democrática dio garantías a todas las fuerzas políticas; la oposición las disfrutó plenamente. En el debate y en la contradicción siempre he puesto las cartas sobre la mesa, no ha habido asomos en mi mente de interceptaciones. Promovimos la aprobación de la ley de inteligencia que precisa la tipificación de delitos como la interceptación sin orden de autoridad competente y la violación del derecho a la intimidad“.

- También fui interceptado y he pedido, reiteradamente y sin éxito, claridad sobre autores intelectuales de casos como las grabaciones de conversaciones entre un agente norteamericano y un magistrado auxiliar de la Corte Suprema que se presentaron a medios de comunicación para mancillar al Gobierno de entonces”.

- Pregunté abiertamente a la Corte Suprema, al DAS y a la Fiscalía por la investigación que se me estaría adelantando por la temeraria denuncia que me señala de haber contratado a un paramilitar en 2003 para asesinar a otro, caso Tasmania. El DAS no me dio respuesta alguna.”

Cada lector tendrá lo suyo que opinar acerca de la tolerancia hacia la crítica o el sentido de autocrítica que adorna la personalidad del doctor Álvaro Uribe, acerca de las garantías a la oposición que ofreció la Seguridad Democrática, acerca del bochornoso episodio del agente norteamericano y el magistrado auxiliar de la Corte, o acerca del aún más bochornoso asesinato del paramilitar “Tasmania”.

Y sin embargo a los efectos de este artículo, basta con anotar que los cuatro argumentos sólo son cuatro intentos de distraer o diluir “la responsabilidad jurídica y política” porque -así fueran ciertos- no modifican ni califican la conducta del Secretario o la del Presidente en relación con los hechos que dieron pie a la medidas del procurador contra el doctor Moreno.

Ignorancia o desprecio de la ley

Más triste aún que los distractores o las rabuladas es la admisión que hace el ex gobernante sobre su ignorancia inexcusable o su olímpica falta de respeto por la ley. En un Estado de derecho el Presidente de la República no adelanta, ni autoriza, ni interviene en investigaciones penales, que por supuesto corresponden al poder judicial:

- Entre las veintiocho atribuciones que el Artículo 189 de la Carta confiere al Presidente de la República no figura la de investigar delitos de ninguna índole;

- El Artículo 201 limita al Gobierno, “en relación con la Rama Judicial” a “prestar a los funcionarios judiciales, con arreglo a las leyes, los auxilios necesarios para hacer efectivas sus providencias”, y

- El artículo 228 ratifica que las decisiones de la Administración de Justicia“son independientes“.

Pero además, si falta hiciera, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, igual que el mismo ex presidente de la República, sólo podrían ser investigados por la Cámara de Representantes (Artículo 178) con el auxilio especial de la Fiscalía (Artículo 251) y para ser juzgados por el Senado (Artículo 174).

Ni el DAS ni la UIAF tenían pues velas en el asunto. Y si por cualquier medio el Presidente o un empleado suyo se hubieran enterado de algún posible delito, su obligación de ciudadano -y todavía más, de funcionario- era tan simple como advertirlo ante la autoridad competente…Por no agregar que al transmitir los hallazgos al Secretario General o al mismo Presidente, el funcionario del DAS o de la UIAF debió dejar saber por qué la información era confiable (“oímos que el magistrado dijo por teléfono…”) y este hecho ilegal tenía por sí que denunciarse.

Interés superior

No faltara quien piense o diga que el entonces presidente actuó en defensa de un bien más importante que todos esos “tecnicismos” de la ley: evitar la narco-captura de la Corte Suprema de Justicia, en una situación donde además no podía confiar en las “autoridades competentes”.

Pero aquí entra lo peor para el ex presidente: su Secretario  estaba “averiguando”, no acerca de unos funcionarios sospechosos, sino de magistrados que estaban encarcelando a sus parientes, amigos o colaboradores más cercanos. Era usar dos agencias del Estado para perseguir a los adversarios del jefe del Estado, para desprestigiar en este caso a los jueces que cumplían el deber de investigar y sancionar a los culpables de la oscura cadena de sucesos que dimos en llamar “parapolítica” y “yidispolítica”.

Es el abuso grande del poder y la responsabilidad real que habría de asumir el señor ex presidente Álvaro Uribe.

Un comienzo… de nada

La declaración del exjefe de Estado fue  redactada con sumo cuidado. Pero su autor acaso no observó que ese texto inocente de por sí excluye la defensa de primera línea que usan los presidentes en semejantes casos: “fue a mis espaldas” -yo no lo sabía, o me enteré  después de lo ocurrido.

Igual que con las explicaciones cada vez más embrolladas de Nixon sobreWatergate o las de Ernesto Samper sobre la campaña del 94, la declaración de Álvaro Uribe podría ser la punta del ovillo que eventualmente conecte el caso de Moreno con otros funcionarios en su entorno, con las demás chuzadas, con la persecución de magistrados, críticos y opositores, o con las sórdidas historias de la “yidis” o la “para” política, en un tejido cuyo centro tuvo que estar en Casa de Nariño.

Para eso sin embargo haría falta un senador con la tenacidad famosa de Sam Erwin y su pregunta incisiva en Watergate: “¿exactamente qué sabía el presidente, y exactamente cuándo supo el presidente?”. Más todavía: haría falta un Congreso muy distinto del Congreso que Colombia eligió.

A dos meses de iniciarse la administración Santos comienza a soportar -y a expresar- las tensiones de su proyecto político. En efecto, ha querido conciliar no sólo los dos perfiles del uribismo sino incluso convocar una gran alianza de unidad nacional en torno a su programa de gobierno. Busca, claro está, tomar distancia de la seguridad democrática y pasar a la historia como el gobierno de la prosperidad democrática, de su propia autoria.

Más allá del esencialismo en que caen no pocos análisis “críticos“, lo cierto es que el uribismo no puede ser reducido a uno solo. En él convergen al menos dos eticidades o fuerzas sociales determinantes:

• Un uribismo rural que aglutina a las élites regionales y al cual se articularon no pocos sectores del narcoparamilitarismo, pero al que también se le sumaron amplias capas populares de la ciudad y el campo; y
• Un uribismo urbano conformado tanto por élites nacionales como transnacionales y sectores de clases medias, más democrático, pero que coincidió con el primero en su reclamo de seguridad y mano firme contra la guerrilla.

El principal adversario

Desde el comienzo del gobierno de Santos esas dos tendencias entran en tensión -cuando no en contradicción-. Sus perspectivas encontradas se empiezan a ver en juego en los diversos proyectos de ley, entre ellos el de seguridad ciudadana.

Tanto en el Congreso como en el terreno político y social, la Unidad Nacional es la arena donde se enfrentan las dos caras del uribismo, la una liderada por el ex presidente Uribe y la otra por el presidente Santos.

Como buen estratega, Santos sabía desde la misma campaña que su contendor a mediano plazo no sería Mockus ni Vargas Lleras ni Pardo: ni siquiera el Polo. Su principal adversario sería Uribe, que no se dio dos meses de respiro para regresar con el fin de hacer una oposición soterrada a los principales proyectos santistas.

El uribismo rural y Uribe mismo, además, no le perdonan a Santos su alianza con el liberalismo y menos haber nombrado como ministro del Interior a quien consideran el Judas de la segunda reelección, Vargas Lleras, ni a otro de sus antagonistas, el actual ministro de agricultura Juan Camilo Restrepo, opositor y crítico acérrimo de su programa agrario, Agro Ingreso Seguro.

La agenda de Santos

Pero Santos tiene desde hace años una agenda política propia. Quizá pocos recuerdan que en los momentos de mayor éxito del laborismo inglés, con Tony Blair a la cabeza, después del dominio conservador de Margaret Thatcher, Giddens sustenta teóricamente ese proyecto de lo que entonces se denominó “La Tercera Vía“[1], tratando de defender los retos de un proyecto socialista en tiempos de globalización para conciliar lo irreconciliable: las relación capital-trabajo en el marco del capitalismo global.

Santos quiso encarnar en Colombia esta tendencia en un intento criollo de concebir alternativas políticas al bipartidismo liberal-conservador. Nuestra “tercera vía” buscaba pactar, entre los dos partidos históricos, un proyecto de modernización articulado a la globalización. Al día de hoy, cuando el bipartidismo se afianzó definitivamente en el país, la actualización de la apuesta de Santos será para conciliar -si no someter- el autoritarismo de la ultraderecha uribista, con Uribe a la cabeza, con el proyecto de prosperidad democrática del uribismo urbano y los sectores liberales y sociales que apoyan a Santos. Ese es el reto de la nueva “tercera vía” santista.

Las dos caras de Santos

El peso de las dos tendencias depende de los factores externos que se conjuguen a favor de una u otra.

A favor del uribismo urbano juegan varios factores:

• El (post) desgaste del gobierno Uribe
• Los fenómenos de corrupción que cada día salen a flote
• La ilegalidad que campeó oronda en todo el período anterior
• Los falsos positivos
• La pobreza y el desempleo más altos de América Latina
• El aislamiento internacional de Colombia en la región
• El execrable nepotismo familiar y regional
• La política agraria a favor de los terratenientes.

Aunque inexplicablemente no haya desgastado la figura del ex presidente, todo ello sin duda afecta cada vez más la percepción pública de la anterior administración. En esta dirección, Santos juega con una proyección democrática que se está articulando en las propuestas progresistas y liberales de su gobierno. Esa es su cara democrática.

Pero a favor del uribismo rural juegan los factores de siempre:

• La guerrilla y su “bienvenida” a Santos (revirada en términos análogos por su gobierno): la bomba a Caracol
• El patrioterismo que despierta la dada de baja de Jojoy y el afán por arrasar de una vez por todas a las FARC y al ELN
• La creciente inseguridad urbana, cada vez más profunda y generalizada, que actúa como un factor aglutinador donde coinciden unos y otros.

En esta línea, Santos se ve compelido a jugar con la cara autoritaria de su gobierno.

Así como a la primera corresponde su faceta democrática “neo-tercera vía” con propuestas como la ley de tierras y de víctimas, la nueva política internacional, y la articulación de una base social y política más amplia y pluralista, a la segunda responde la política de consolidación de la seguridad democrática, ahora como seguridad urbana. Además, por supuesto, del eco que tiene que seguirle dando a los gruñidos del uribismo rural: e ahí su faceta autoritaria.

¿Nuevo estatuto de seguridad?

Un día después del atentado del carro bomba a las instalaciones de Caracol Radio, el presidente Santos presentó en Cali los lineamientos del plan estratégico para la seguridad en las ciudades, el cual será uno de los principales pilares de su gobierno y donde convergen unas medidas necesarias e inaplazables contra la delincuencia, así como otras resbaladizas, que rayan en la inconstitucionalidad y ponen en cuestión los sustentos de un estado liberal de derecho.

El Plan, en efecto, contiene programas específicos de prevención, entre ellos un sistema de responsabilidad penal para adolescentes, y el aumento del pie de fuerza policial con inversión de 3,64 billones de pesos, lo que ha sido un reclamo persistente de los alcaldes de ciudades como Barranquilla, Medellín, Cali y Bogotá.

El gobierno sostiene que estas medidas tienen un carácter preventivo y no implican que la ciudadanía participe en la represión del terrorismo, algo que debe corresponder exclusivamente al Estado y sus fuerzas de seguridad. Esta política de seguridad ciudadana tiene así una línea preventiva y otra activa: “zanahoria para evitar la delincuencia y garrote para quienes violen la ley“, tal como la presentó el Presidente[2].

Los cinco frentes

Entre las medidas anunciadas se encuentran:

a. Medidas penales

Las principales reformas en cuanto a las medidas penales pasan por:

• Aumento de la colaboración entre el Instituto Nacional penitenciario (INPEC) y la Policía
• Creación del delito de apología al terrorismo, con el que se castigarían los discursos ideológicos del terrorismo
• Tipificación de la venta ilegal de medicamentos
• Aumento de las penas de una serie de delitos como simulación de investidura o cargo público y
• Utilización ilícita de equipos transmisores o receptores

b. Medidas en el procedimiento penal

En cuanto a las medidas en el procedimiento penal:

• Se reducen los tiempos para la imputación de cargos
• Se aumentan los términos entre la formulación de imputación y acusación
• La orden de allanamiento y registro se puede hacer efectiva en cualquier momento de las 24 horas del día
• Se eliminan los plazos de vigencia de las órdenes de captura
• Se retoma la captura públicamente requerida, con lo cual cualquiera podrá aprehender a la persona que haya sido públicamente requerida por autoridad competente.

c. Medidas sobre extinción de dominio

Las medidas sobre extinción de dominio reglamentarán la adjudicación de los terrenos baldíos y los deberes de los beneficiarios de terrenos adjudicados por el Estado, y creará un protocolo de las actividades que adelanten fiscales e investigadores.

d. Reformas al Código de la Infancia y la Adolescencia

Las reformas en el Código de la Infancia y la Adolescencia contemplan:

• Enjuiciamiento de menores de edad, suspendiendo la normatividad por la cual la imputación se hacía hasta que el menor cumpliera 21 años
• Ampliación del máximo de la privación de la libertad a 12 años
• Competencia de los jueces penales del circuito
• La Policía tendrá atribuciones para sancionar determinadas contravenciones realizadas por adolescentes.

e. Reformas para prevención del terrorismo

Las reformas para la prevención del terrorismo proponen un régimen sancionatorio especial para las personas jurídicas que colaboren en la comisión de tal delito, así como en el concierto para delinquir, la extorsión, el secuestro, el tráfico de drogas o el contrabando[3].

¿Delito de opinión u opinión como delito?

Como se infiere, las reformas responden a los reclamos que vienen haciéndose para adecuar los instrumentos del Estado a la situación de creciente inseguridad urbana que se ha presentado desde la anterior administración. Vale la pena hacer dos precisiones:

1. Desde finales del gobierno Uribe se desbordó el problema de la inseguridad urbana, como muestra fehaciente de los límites estructurales de su política de seguridad democrática concebida sustancialmente para el campo.

2. La más amplia gama de sectores políticos y sociales reclamaban la presencia del gobierno central en las ciudades, dado que durante ocho años la seguridad quedó discrecionalmente a cargo de los mandatarios locales, sin proveerlos de mayores recursos económicos e instrumentos jurídicos para la prevención y represión de la delincuencia. (Gran parte provino de las gaseosas y oscuras negociaciones de Uribe con los paramilitares).

Aquí son evidentes las tensiones de los dos proyectos santistas: unas medidas responden a un clamor democrático porque el imperio de la ley prevalezca, y la violencia legítima del Estado se imponga sobre la delincuencia y la violencia guerrillera, paramilitar o, como acostumbra a llamarles el general Naranjo, las BACRIM. Algunas fórmulas serán estudiadas, moderadas y ampliadas en las concertaciones parlamentarias, y a otras más las rechazará posteriormente la Corte Constitucional.

Pero la otra, no me cabe duda, responde al clamor autoritario del paleouribismo extremo. Este bloque revela una línea eminentemente autoritaria, análoga a la del tristemente célebre “Estatuto de Seguridad” de Turbay, que no recorta libertades pero sí garantías legales y constitucionales consagradas que obstaculizan la imposición de una acción represiva inmediata.

Este terreno ha sido ya ambientado por los medios de comunicación que, como siempre, responden más a los clamores populares que al estado de derecho, cuyos mecanismos ignoran, sin querer, o desconocen, claramente queriendo.

Caperucita, ¿terrorista por roja”

En especial preocupa la denominada creación del delito de apología al terrorismo con el que se castigarían los discursos “ideológicos” del terrorismo. Esta medida recuerda las constantes columnas de renombrados uribistas denunciando como terrorista todo estudio académico e investigación periodística que aborde en términos diferentes a los suyos el conflicto armado en Colombia o toda defensa de los derechos humanos o toda denuncia de violaciones del DIH por agentes estatales o paraestatales, incluso con nombres propios, poniendo en peligro la integridad de sus autores.

Quienes se acerquen a las tesis de maestría y doctorado en universidades tanto privadas como públicas del país encontrarán estudios muy serios sobre el conflicto colombiano que no se atienen a las versiones oficiales del paleouribismo. Docentes, académicos, estudiantes que exploran líneas de investigación que confrontan las verdades oficiales, ¿se valorarán como “apología del terrorismo“?

En ese orden de ideas, ¿abordar el pensamiento de la primera Escuela de Frankfurt denunciando al “estado autoritario” podrá ser considerado un cuestionamiento ilegitimo del ordenamiento? ¿Recuperar a Hanna Arendt y su denuncia del totalitarismo podrá ser interpretado como un apoyo a las FARC? “L’enfant terrible” de la filosofía política contemporánea, Zizek, y su cuestionamiento de la democracia liberal, la universalidad y los derechos humanos, ¿dará pie para sospechas, indagaciones y órdenes de captura? Revisitar a Marx ¿será la prueba reina de militancia guerrillera, máxime si aparece en alguno de los enésimos computadores recuperados de los académicos sospechosos? Recordar el imperativo kantiano de “tratar al otro como un fin y nunca como un medio” ¿será un indicio claro de sospecha de que ese estudiante tiene afinidades peligrosas con la subversión por no acomodarse al ethos dominante del “todo vale“?

Resurrección de la doctrina Ñungo

¿Y qué decir del periodismo independiente, en vías de extinción en todo caso, que con sus denuncias ha logrado ser la mecha lenta para judicializar los procesos de la parapolítica, el maridaje del oficialismo con la corrupción, los entuertos turbios de la prole del presidente, agro ingreso seguro para los amigos, etcétera? ¿Será que esas denuncias no terminarán siendo, por su carácter crítico y “desestabilizador” de la gobernabilidad clientelista, otro elemento de intenciones sospechosas, que en últimas beneficia a la subversión y su ánimo de desacreditar, sin fundamentos, al gobierno?

Las chuzadas al periodismo de investigación han mostrado que en este terreno no se ha exagerado.

En fin, el paleouribismo va a tener mucho con que divertirse y amplios sectores de la sociedad caerán bajo la órbita iusfilosófica del inmortal coronel Ñungo, fiscal en su momento de los consejos de guerra al M19: “Todo el mundo es culpable hasta que demuestre lo contrario“.

De reelección y reelectores

El nuevo estatuto de seguridad responde por tanto a la necesidad de adaptarse no sólo a un contexto creciente de violencia e inseguridad urbanas, que la sociedad reconoce como una pretensión legítima, sino también a las exigencias del paleouribismo por mantener la inercia autoritaria del gobierno anterior. Es probable que si Santos quiere repetir mandato, en un momento dado tendrá que tomar la decisión de con cuál tendencia, la autoritaria o la democrática, puede hacerlo.

Por su agenda de la “neo-tercera vía” podríamos esperar que se apoyara en la tendencia democrática y consolidara un proyecto progresista. Esto dependerá del apoyo y la paciencia de Vargas Lleras por llegar a la Presidencia, del respaldo del liberalismo y los sectores sociales que el vicepresidente ha articulado alrededor de Santos, y de un contexto social de estabilidad económica y social que no angustie al electorado ni presione por medidas draconianas.

Pero por su trayectoria en el gobierno de Uribe y la presión del uribismo gravitando a su alrededor tendría que jugar con la tendencia autoritaria y consolidar el proyecto excluyente del uribismo rural. Lo cual dependerá de que Uribe -previa reforma constitucional de sus amigos en el Congreso- no quiera volver a “salvar la patria“, y de manera análoga de un contexto político de inseguridad y “hecatombe“, como diría el presidente del caballo.

De cualquier manera, esa es la mano de Santos. Con cuál de sus dos caras terminará jugando la partida, ¿la democrática o la autoritaria? El Tiempo nos lo irá diciendo: ¿Poker face?

El fallo de la Procuraduría que destituyó a Bernardo Moreno y otros ex directores del DAS por el escándalo de las interceptaciones ilegales tuvo su primera reacción en cadena, tan solo una semana después de esa decisión disciplinaria.

Este martes, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes decidió abrir una investigación de oficio contra el ex presidente Álvaro Uribe Vélez.

El propósito de la investigación será determinar si Uribe, como Presidente de la República, tuvo o no responsabilidad directa en la extralimitación de funciones en la que incurrieron su secretario privado, Bernardo Moreno, tres ex directores del DAS, y el entonces director de la Uiaf del Ministerio de Hacienda, Mario Aranguren, quienes de forma irregular hicieron seguimientos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, tal como lo advirtió la Procuraduría.

La decisión fue adoptada tras una sesión privada de los integrantes de la Comisión. Allí, de forma mayoritaria, y en una votación que sigue siendo secreta, “se consideró prudente y oportuno” abrir el proceso, tal como lo señaló el vicepresidente de la Comisión, orlando Clavijo, representante del Partido Conservador.

La proposición, conocida por Semana.com, no allegó prueba alguna. Sólo se concentró en los hechos que son de conocimiento de la opinión pública, pero sobre todo, en el mencionado fallo disciplinario que la Procuraduría expidió el pasado 4 de octubre y del cual el país ya conoció sus inmediatos alcances.

Pero para la Comisión también fue motivo suficiente el pronunciamiento del ex presidente Álvaro Uribe quien asumió la responsabilidad sobre Bernardo Moreno, siempre y cuando no haya co metido ningún hecho ilegal.

“…a través de una carta el ex mandatario asegura que asume responsabilidades políticas y jurídicas por las acciones legales de sus ex funcionarios (…) Por lo tanto se hace necesario verificar la ocurrencia de los hechos, determinar si son constitutivos de falta penal o disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes, circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se sometieron y la presunta responsabilidad del investigado”, señala la proposición aprobada en la sesión reservada.

El procedimiento

Tras ser aprobada la decisión de investigar al ex presidente Uribe, la mesa directiva de la Comisión se reunirá para designar al representante investigador que adelantará el proceso. La asignación, que a diferencia de otros procesos no corresponde al reparto rutinario, se conocerá mínimo después de dos días.

A partir de ese momento, quien sea designado investigador, tendrá las facultades de adelantar las diligencias pertinentes. Las primeras de ellas serán pedir copias de las investigaciones penales y disciplinarias que se han adelantado o que ya han concluido, como es el caso del expediente de la Procuraduría, y las investigaciones de la Fiscalía. “Esos son trámites normales”, explicó Clavijo.

Posteriormente, la Comisión podrá adelantar diligencias propias, como lo son un llamado a versión al ex presidente Uribe, y la práctica de pruebas, como lo puede ser el escuchar versiones de testigos, y calificar la investigación: o la precluye si no hay pruebas, o la archiva si las evidencias no permiten establecer responsabilidad del ex presidente.

Si esta Comisión decide acusar al ex mandatario, será la plenaria de la Cámara de Representantes la que tenga que absolver o sancionar.

Reacciones

“Es difícil creer que vaya a pasar lo mismo del pasado. Es una oportunidad para que la Comisión pudiera reivindicarse con una investigación seria, pero el resultado creo que lo conoce el país de antemano”: Juan Manuel Galán, senador (Partido Liberal).

“Es procedente la apertura. Hay que respetar la institucionalidad y el propio ex presidente entenderá el curso de la investigación. Es normal el proceso”: Hernán Andrade, senador (Partido Conservador).

“¿Quiénes componen la Comisión? Si la real intención es investigar, debería crearse un tribunal especializado y que él se presente sin garantías de ninguna naturaleza y que lo haga como un ex presidente que tenga la obligación de contarle al país cuál fue su responsabilidad en el tema de las chuzadas”: Piedad Córdoba, senadora (Partido Liberal).
“Es obvio que se abra la investigación, pero la pregunta es si en la Comisión puede prosperar una investigación seria, porque la Comisión es de índole político y conformada por uribistas. Fácilmente están cubriendo las apariencias y al final se termina archivando el proceso. Es tanta la impunidad que allí se maneja que por eso la han terminado llamando la comisión de absoluciones”: Jorge Robledo, senador (Polo).

“La investigación es procedente, son las facultades de la Comisión, pero no van a encontrar nada en contra del ex presidente Uribe”: Armando Benedetti, presidente del Senado (La U).

La Procuraduría General de la Nación abrió pliego de cargos contra el ex ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, por el escándalo del programa de subsidios Agro Ingreso Seguro (AIS). El Ministerio Público también notificó al ex ministro de Agricultura, Andrés Fernández, al ex gerente del Incoder, Rodolfo José Campo Soto; la directora de Financiamiento y Comercio, Camila Reyes; el director de Desarrollo Rural, Javier Romero; y el viceministro de Agricultura, Juan Camilo Salazar.

En declaraciones previas, el procurador Alejandro Ordóñez había dicho que en AIS era posible que hubiera falencias en la elaboración de convenios de cooperación, estudios previos, gastos de administración y además aseguró que no hubo el suficiente monitoreo y control durante la creación de este programa.

Tras conocer la notificación, el ex ministro Arias dijo que se sentía tranquilo: “A nadie le gusta que le abran un pliego de cargos, pero comparado con lo que habían dicho de mí y de todo lo que me acusaban, hoy siento un gran alivio y una gran tranquilidad”, aseguró. “Esto parecía como un cáncer y hoy vamos ya en una gripa, es como si me hubieran acusado de soltar una bomba atómica y ya vamos en una volada de un semáforo que tampoco me volé”, agregó Arias, quien asegura que demostrará su inocencia.

Arias está investigado por la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía por el escándalo de AIS que destapó la revista Cambio hace un año, cuando denunció que Valerie Domínguez, señorita Colombia 2005, y que Ana María Dávila, reina nacional del Mar 1999, recibieron subsidios del programa.

Las dos ex reinas tenían en común a Juan Manuel Dávila Fernández de Soto, quien además de ser el comisionista de bolsa de ambas, era novio de Valerie y hermano de Ana María. Él también recibió un subsidio, que fue por más de 435 millones de pesos, según la revista.

“Todo indica que la familia Dávila es una de las grandes beneficiadas del drenaje y la irrigación de los recursos públicos, pues el padre Juan Manuel Dávila Jimeno recibió un subsidio de 445 millones, y su esposa, María Clara Fernández, otro por 440 millones”, denunció Cambio el año pasado.

Las cuentas arrojaban un total de 2.200 millones de pesos en subsidios que recibió en un año esta adinerada e influyente familia de Santa Marta para proyectos de riego y drenaje en tierras en Magdalena.

Pero esta no es la única familia adinerada que recibió millonarios subsidios. Los Vives Lacouture recibieron al menos 5.000 millones de pesos para proyectos agrícolas. Los Lacouture Dangond y Lacouture Pinedo recibieron subsidios por 5.235 millones de pesos. Y “en cabeza de los Vives Pinedo, socios de los Lacouture en empresas como FMP & Cía., figuran subsidios por cerca de 1.000 millones de pesos en el 2007”, denunció Cambio en su momento.

También fue beneficiaria de AIS la familia Dávila Abondano, de Magdalena, cabeza del Grupo Daabon, que recibió un subsidio por 463 millones de pesos en el 2008 y 440 millones estaban listos para ser entregados días después de la denuncia que hizo la revista. En el Valle, María Mercedes Sardi, prima del ex ministro del Interior Carlos Holguín Sardi, fue beneficiaria de 200 millones de pesos.

Entre los políticos cuestionados que recibieron aportes del programa gubernamental está Danny Alirio Villamizar, hijo del senador Alirio Villamizar, vinculado con el escándalo de las notarías. Danny recibió 496 millones de pesos.

La denuncia de la revista despertó el interés por conocer a los beneficiarios de los subsidios de AIS. “Coltabaco-Philip Morris recibió casi 30.000 millones de pesos en créditos AIS”, dijo el senador Jorge Enrique Robledo en un debate en el Congreso, donde criticó que al ministro Andrés Fernández “mal le salió defenderlos diciendo que era para financiar campesinos, porque la plata del Estado no debe servir para que una trasnacional convierta en siervos a los tabacaleros”.

Robledo, en su ponencia, también dio a conocer que dos empresas de Luis Carlos Sarmiento Angulo “se quedaron con la tercera parte de los créditos AIS del departamento de Meta en el 2007”.

“Unos cuantos financistas de la campaña de Uribe y del referendo reeleccionista recibieron 56.000 millones de pesos de AIS, contando entre ellos al primer banquero del país, cuyas empresas a la postre recibieron 12.000 millones de pesos”, dijo el senador.

Andrés Felipe Arias, uno de los funcionarios más leales del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, rechazó la semana pasada su nombramiento como embajador de Colombia en Italia, ya que va a trabajar con Uribe en las elecciones a alcaldes y gobernadores el próximo año

Hasta ahora la Unidad Nacional, que fue el nombre con el que el Gobierno bautizó la coalición integrada por el Partido Liberal, Cambio Radical, La U y el Partido Conservador, ha logrado sobreaguar sus principales escollos para mantenerse unida.

Sin embargo, analistas y dirigentes políticos prevén que la prueba definitiva será la campaña que se avecina para las elecciones del 2011, en las que se escogerán alcaldes, gobernadores, concejales y diputados. ¿La razón? Las dinámicas políticas locales no obedecen a las mismas lógicas con las que funciona la política en el nivel nacional.

Un preámbulo de lo que deberán enfrentar los partidos políticos de la mesa de unidad del Gobierno se vivió esta semana en el Concejo de Bogotá. El domingo pasado, la bancada de La U anunció lo que sería el estreno de la figura del control político. Citó al secretario de Movilidad de la ciudad, Fernando Álvarez, para que rinda cuentas por el caos que vive la ciudad.

No obstante, la bancada de Cambio Radical anunció que no respaldará la propuesta por considerarla “una iniciativa oportunista” y porque no cuenta con la mitad más uno de los votos de la corporación, como lo exige la ley.

Este martes, en un debate en el Concejo, de un lado y de otro se escucharon las diatribas. El concejal Carlos Fernando Galán, de Cambio Radical, dijo que la propuesta era “una farsa”, pues La U ha participado de la torta burocrática de la administración de Samuel Moreno.

En respuesta, el concejal Hipólito Moreno, de La U, dijo que la actitud de Cambio Radical era “hipócrita”, pues ese partido también ha buscado prebendas burocráticas.

La querella no es un tema menor, pues se avecina la campaña para las elecciones del año entrante y los partidos buscarán conquistar el segundo cargo más importante del país: la Alcaldía de Bogotá. Sin embargo, nadie quiere cargar con el peso de la imagen desfavorable del actual burgomaestre, Samuel Moreno.

Por esta razón, ahora, La U busca desmarcarse del Polo y endilgarle toda la responsabilidad de la debacle de la actual administración a ese partido. La idea de hacer un debate de control político sobre los problemas de movilidad es atractiva por los réditos políticos que se podría conquistar, pero la bancada del Concejo de Cambio Radical, que se ha desgastado denunciando la corrupción, no está de acuerdo en permitir que la U se lleve el crédito.

Para el concejal del Polo Democrático Carlos Vicente de Roux, quien hace parte de un comité del Polo que investiga los problemas estructurales de la administración de la Alcaldía de Bogotá, lo que ocurre en el fondo es que La U quiere sacar lo mejor de una posición ambigua: “Continuar con el disfrute de las mieles del poder, sin asumir los costos, y conquistar a los que están en contra de la administración”.

El debate se extendió este miércoles a las cadenas radiales. Galán reiteró su desacuerdo con apoyar a La U en su propuesta. En Caracol Radio dijo: “Para nosotros, la moción de censura propuesta por La U es un globo, una especie de cortina de humo… porque La U a cogobernado en temas, precisamente, como la movilidad”.

El concejal se refería al hecho de que la Unidad de Mantenimiento Vial, cuyo presupuesto en esta administración ha sido cerca de 170.000 millones de pesos, está a cargo de integrantes de La U.

Según indicó De Roux, “funcionarios de varias secretarías, como la de Recreación y Deporte; de direcciones de hospitales; del Departamento de Protección de Espacio Público, entre otros cargos, son del Partido de La U”.

Para De Roux no se trata de que La U ha cogobernado con el Polo, sino que lo ha hecho con el “anapismo de la Casa Rojas”, es decir, con familiares y allegados del alcalde Samuel Moreno y de su hermano, Iván Moreno, senador de la República.

“Está bien, vénganse a la oposición, pero renuncien a las cuotas burocráticas, hagan una crítica transparente, seria, auténtica. Pero no engañen a los bogotanos hablando mal del gobierno de Samuel Moreno, cuando tienen cuotas burocráticas”, concluyó Galán.

El concejal Hipólito Moreno respondió en la misma emisora: “Hay una dosis de cinismo de Cambio Radical, porque hoy nos acusa de cogobernar la ciudad, de que somos parte de una coalición, pero lo que no le dice a la ciudadanía es que hace tres años, cuando ganó las elecciones Samuel Moreno, ellos eran los primeros que querían aliarse. No lo hicieron porque no les dieron la Personería de Bogotá y la mitad de la administración que estaban buscando”.

“No me vengan con el cuento que Cambio Radical renunció al clientelismo en este país”, agregó.

El debate nacional

Mientras en Caracol Radio los concejales se disputaron quién debe, y en qué condiciones, convocar a un debate para discutir la movilidad de Bogotá, el presidente del Partido de La U, Juan Lozano, y el vocero de Cambio Radical, Germán Varón Cotrino, trataron de encontrar un punto de encuentro, pero sin dejar de lado las diferencias históricas entre las dos organizaciones. El debate lo dieron La W.

Lozano advirtió que era necesario encontrar una alternativa de gobierno opuesta a la del Polo, para la ciudad de Bogotá.

“La prioridad es la recuperación del rumbo de la ciudad y vamos a trabajar intensamente para garantizar la movilidad y la seguridad”, dijo.

Ante la acusación de “oportunismo del partido”, Lozano dijo que él ha denunciado los problemas de la ciudad desde hace mucho rato. “El día que salí del Ministerio (de Ambiente) salí a decir que el partido de La U debía recuperar la Alcaldía”, agregó.

Lozano recalcó que lleva sólo un mes al frente del partido, que la organización es muy joven (tiene 5 años) y que hasta hace pocos días no contaba con un reglamento para el comportamiento de las bancadas en las corporaciones y, por esta razón, no tenía una hoja de ruta. Pero agregó que ahora está orientada a marcar una diferencia y hará el debate de control político a la movilidad en Bogotá.

“Este partido tiene que tomar una distancia (de la administración actual)… Lo que no puedo aceptar es que se diga que el caos de Bogotá es culpa del Partido de La U, es que los concejales de Cambio Radical, y los de otros partidos, han acompañado decisiones de la Alcaldía, como la votación del Plan de Desarrollo”.

Lozano defendió el cambio de postura de su partido en la bancada del Concejo. Además, dijo que “las cuotas burocráticas no representan al Partido de La U porque ante la ausencia de un reglamento de bancadas, hubo un accionar que no corresponde a lo que se fija hoy”.

Para ilustrar el cambio de posición de La U, Lozano recordó que Cambio Radical decidió pasarse a la oposición en la administración Uribe. “El jefe de Cambio Radical (el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras), quien es una persona importantísima en la política, hacía parte de la coalición de Gobierno. Después vinieron unos hechos y cambió de postura. Tiene todo el derecho de cambiar de postura, por supuesto. ¿Eso desacredita al doctor Germán Vargas? No, asume unos costos políticos y toma decisiones. Y fue lo que hizo, y es lo que yo planteo”, dijo.

Luego, extendió la invitación a Cambio Radical a mantener el espíritu de unidad que funciona en el gobierno nacional. “Ojalá que así como estamos en la Unidad Nacional y apoyamos al ministro Germán Vargas Lleras en lo distrital, Cambio Radical nos apoye en este tema”.

En la misma emisora Varón respondió que hay una diferencia enorme entre tener cuotas en el Distrito y haber votado proyectos como el Plan de Desarrollo. “Nosotros, obviamente, si encontramos un proyecto que beneficia a la ciudad, lo votamos. La oposición no puede ser ciento por ciento de contra los gobiernos distritales”, dijo.

“El Partido de La U nunca ha estado en la oposición (en el Distrito), sino que comparte políticamente la responsabilidad de lo que pasa en la ciudad. Ahora cuando falta un poco para las elecciones, se desmarcan para dar la idea de que nunca han estado en el Gobierno. ¿Cómo puede recuperar una Alcaldía, cuando ha estado en la Alcaldía? Eso no es recuperar, eso es salirse”, agregó el vocero de Cambio Radical.

También le recordó a Lozano que su partido, al no apoyar el referendo reeleccionista, no cambió de posición. “Lo que hizo Cambio Radical fue cumplir a cabalidad con lo que se propuso desde el principio, que fue acompañar una elección (de Uribe), acompañar una reelección, y siempre estuvo claro que no acompañaríamos una segunda reelección”.

A las declaraciones de Varón, Lozano respondió que había que mirar para adelante. “Miren la paradoja, si no nos acompaña un concejal tan importante como Galán (Carlos Fernando) en el debate de moción de censura, terminamos haciéndole el juego a lo que él ha querido atacar”, agregó.

Varón, por su parte, anunció que en la lista de candidatos a la Alcaldía de Bogotá Cambio Radical tiene a Galán y a Néstor Humberto Martínez. Sin embargo, no descartó que los partidos que integran la coalición de Gobierno hagan una consulta interpartidista para escoger el candidato. Eso sí, si La U en el Concejo se pasa a la oposición.

“Si la unidad se presenta, es bienvenida, siempre y cuando se supere esa diferencia ideológica de La U: en el nivel nacional, uribista, y en el nivel distrital, con el Polo Democrático. El papel de Lozano está claro y lo celebro. Con la implementación de la Ley de bancadas esa incoherencia puede ser superada”, agregó.

Con estas palabras, los voceros de los partidos tocaron un tema que seguramente va a ser un escollo para la unidad de los partidos de la coalición del Gobierno: la disputa por el poder local.

Aunque al final de la conversación pareció que los dirigentes de las dos colectividades encontraron un punto de encuentro, seguramente, en la medida que pasen los días y se perfilen las fuerzas políticas, aflorarán otras diferencias. De la capacidad negociadora de Santos, demostrada al comienzo de su gobierno, dependerá que la coalición permanezca unida una vez pasen las elecciones del año entrante. Todavía falta un año.

La inclusión de los honorarios de Sergio Fajardo dentro de los gastos de campaña del Partido Verde ha generado polémica. Para el Consejo Nacional Electoral es una falta a las “buenas costumbres”, mientras que que para los defensores del ex alcalde de Medellín esa es una acusación malintencionada.

El Partido Verde, dentro de sus gastos, incluyó un contrato por 48 millones de pesos por concepto de los honorarios de Fajardo como candidato a la vicepresidencia de la organización, entre el 12 de abril y el 28 de mayo. También incluyó la venta de unos servicios de Fajardo (entre los que se cuentan documentos de la elaboración del programa) por concepto de un poco más de 100 millones de pesos.

El lunes la noticia fue presentada como si el Partido Verde hubiera pagado a Fajardo por ser el candidato a la vicepresidencia. Algunos medios incluso dijeron que el CNE había “denunciado esa irregularidad”, lo cual fue interpretado por algunos sectores como un acto de corrupción.

Este martes el CNE le salió al paso a la interpretación y el presidente del tribunal electoral, Óscar Giraldo, advirtió que el organismo nunca denunció un acto de corrupción. Aunque no lo dijo, sin embargo, el tribunal sí lo sugirió.

El ex alcalde de Medellín escribió en su cuenta de Twitter que “todas las acciones de la campaña tienen una revisión jurídica previa… El Partido Verde la entregó: nada está oculto. No tienen que ir a esculcar”.

“Con seguridad vendrán más ataques. Llevamos años respondiendo por nuestros actos. Han intentado e intentarán destruirnos. No podrán”, agregó.

La noticia se desprendió de una ponencia del magistrado José Joaquín Vives, quien pidió al CNE no considerar como gastos de campaña los pagos a Fajardo.

Sin embargo, como el magistrado aclaró en Semana.com, “no es que se hubiera configurado un ilícito, sino que se pidió no tener en cuenta ese rubro como parte de los gastos”.

La ponencia de Vives fue aprobada por unanimidad en el CNE, el pasado miércoles, es decir, por los nueve magistrados que lo integran. El fallo también consideró que la venta de “servicios” de Fajardo a los verdes, durante la campaña, suma que según Vives es un poco más de 100 millones de pesos, tampoco se puede considerar un gasto de campaña.

Se refería al hecho de que el Partido Verde reconoció el trabajo previo que había hecho Fajardo en la campaña, la elaboración de documentos de su programa de gobierno, entre otros, dentro de su contabilidad.

Según explicó Vives, los gastos de campaña son los que corresponden a divulgación, publicidad, asesores, transporte, entre otros, pero no a los honorarios. Además, los “documentos pueden ser parte previa de la campaña, pero no hacen parte de la campaña propiamente”.

La ponencia, sin embargo, calificó la actitud de Fajardo como “una reprochable práctica política en la que se incuban el clientelismo y la corrupción”.

La interpretación del CNE es que Fajardo fue candidato a la vicepresidencia a cambio de dinero, lo cual, en palabras de Vives, “es contra las buenas costumbres y aunque no es clientelismo, sí puede dar lugar a él”.

Para el politólogo Fernando Giraldo, quien hizo parte de la lista de Compromiso Ciudadano, movimiento que lideró Fajardo y que está a punto de fundirse en el Partido Verde, “hubo una mala interpretación, con mala intención, de lo ocurrido”.

“¿A qué buenas costumbres se refieren los magistrados?”, preguntó. “El sistema electoral colombiano es disfuncional y las costumbres electorales son perversas en un sistema ‘colador’ al que llegan dineros ilícitos a las campañas”, agregó.

Giraldo explicó que en la campaña de Compromiso Ciudadano para llegar al Congreso, el movimiento quedó endeudado. Sin embargo, aunque los gastos fueron cerca de 2.700 millones de pesos en las campañas de los 10 candidatos, la suma excede en muy poco lo que gasta un solo candidato al Senado, que cuenta con un partido y una infraestructura y donaciones económicas.

En contraprestación por el trabajo hecho hasta ese momento, explicó el politólogo, uno de los compromisos del Partido Verde fue incluir un rubro para solventar los gastos del entonces candidato Fajardo.

“En ninguna parte la ley dice que un partido no le puede reconocer gastos a los candidatos”, dijo.

“¿Por qué dedujo Vives que se compró a un candidato?”, se preguntó Giraldo. “A Fajardo nadie le pagó por entrar a la campaña del Partido Verde. Me parece que la interpretación es de un moralismo exagerado”, agregó.

El CNE es un tribunal que representa a los partidos políticos del oficialismo, en el que no hay representación de la oposición, es decir, ni del Polo ni del Partido Verde. La autoridad electoral, tras la Reforma Política del 2009, tiene mayores facultades de control y vigilancia sobre las campañas políticas.

Sin embargo, muchas de sus decisiones se basan en resoluciones que él mismo profiere e interpretaciones que él mismo hace de ellas. Por esta razón, debido a que su composición es política, y con una mayoría oficialista aplastante, decisiones como esta no están exentas de polémica. Además, a las puertas de las campañas regionales.

Comentó en días pasados Hillary Clinton, secretaria de Estado de los Estados Unidos, que México se está pareciendo a la Colombia de hace 20 años. Se indignaron los mexicanos de pro. Se indignaron los colombianos de pro. Unos y otros son amigos de negar la realidad. A Hillary, que es gringa de pro –altísima funcionaria, antigua primera dama– le sucede otra cosa: no la conoce.

Pues su comparación está basada en la ignorancia. Según ella, hoy en México, como en Colombia hace 20 años, los carteles del narcotráfico “empiezan a tener visos de insurgencia”. Y lo de aquí fue al revés: los grupos insurgentes, que existían desde decenios antes de que apareciera el tráfico de drogas, empezaron hace 20 años a cobrar visos de carteles del narcotráfico. Y no sólo ellos. También lo hicieron los grupos contrainsurgentes –los paramilitares protegidos por las autoridades– y muchos colombianos de pro. No fue la insurgencia la que corrompió al narcotráfico. Fue el narcotráfico el que corrompió a la insurgencia. Y a casi todo lo demás.

Esa ignorancia de la realidad sería simplemente ridícula en una persona que se encarga de las relaciones políticas y diplomáticas de los Estados Unidos con el resto del mundo, si no fuera, además, peligrosa. Pues a continuación tranquiliza Clinton a sus oyentes –los miembros del Consejo de Relaciones Exteriores, la prensa, el planeta entero– diciendo (con ingenuidad o con cinismo) que no hay que preocuparse, porque “ellos (los mexicanos) han estado muy dispuestos a aceptar consejos, y nosotros (los norteamericanos) estamos listos para ayudarles”.

O sea, en eso sí, como Colombia hace 20 años. Y previsiblemente con los mismos resultados catastróficos que para Colombia han tenido esos consejos y esa ayuda, y que ahí están para quien quiera verlos.

Los consejos (y algo más: las órdenes) consistieron en combatir la droga, convirtiéndola así en el mejor negocio del mundo: precisamente por eso se dedicaron a él también los insurgentes, y los contrainsurgentes, y mucha gente de pro. La ayuda ha consistido en traer la guerra aquí para no tener que librarla allá. Como el gobierno norteamericano se ha mostrado impotente para lograr que sus ciudadanos cumplan sus leyes y dejen de consumir drogas prohibidas, ha trasladado la obligación de combatir el tráfico a los países que las producen. Es por eso que, por ejemplo, le parece (o dice que le parece) más eficaz controlar desde las siete bases militares prestadas aquí por el gobierno colombiano la salida de buques y aviones cargados de cocaína y marihuana que hacerlo desde allá, desde los cientos de bases militares de que dispone en su propio territorio, controlando la entrada de esos mismos buques y aviones. La ayuda, para Colombia, se ha traducido en destrucción ecológica, escalada de la violencia y corrupción política y moral.

Pero desde la perspectiva de los Estados Unidos, en cambio, tanto los consejos como la ayuda de que habla Hillary Clinton constituyen un excelente trato. Por un lado, la mayor parte de los beneficios generados por la droga –que sólo es rentable porque está prohibida, y ¿por quién está prohibida?– se queda en el sistema financiero de allá. Y por otro, existen en el asunto numerosas arandelas de toda índole. La venta de armas, por ejemplo: tanto los grupos insurgentes como los carteles de la droga compran las suyas en los Estados Unidos. La incesante incautación por el Tesoro norteamericano de las fortunas de los narcotraficantes entregados en extradición a cambio de impunidad o de rebajas de pena. Cosas tan tontas, en apariencia, como la constante destrucción de las maletas de los viajeros que llegan a puertos o aeropuertos norteamericanos por parte de los aduaneros, y su necesaria reposición. Armas, maletas, cuentas bancarias, glifosato para las fumigaciones, pago de pilotos mercenarios (que la prensa colombiana, sumisa, insiste en llamar “contratistas”), insumos para la refinación de la cocaína, sobornos: vayan sumando. El negocio es redondo. Ingenua o cínica, verdadera o fingida, la ignorancia de la realidad o su falsificación por parte de la alta funcionaria norteamericana es interesada. La de los gobernantes colombianos –y mexicanos, si ahora siguen su ejemplo– es servil. Tienen alma de sirvientes

La primera revelación tiene que ver con que en un documento titulado “Exclusivo para la Subdirección de Fuentes Humanas del DAS”, y entregado por una fuente identificada como ‘Y64-1’, descrita como “habitual, confiable y con acceso a la información a través de terceros ubicados en el blanco”, dice que el 18 de febrero de 2009 el procurador Alejandro Ordóñez decidió reversar las posibles destituciones del ex ministro de Protección Social, Diego Palacio, y del ex ministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt de la Vega, en las investigación por la llamada ‘yidispolítica’.

La fuente escribió en el informe: “en reunión cerrada el 18 de febrero de 2009 en su despacho, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, determinó abrogar las posibles destituciones del ministro de la Protección Social, Diego Palacio, y el ex embajador de Colombia en Italia, Sabas Pretelt De la Vega”.

También dice que “el actual procurador Ordóñez Maldonado, reversó la decisión y no impondrá la sanción de destitución, determinación que será dada a conocer en los próximos días”.

En efecto, el 16 de marzo del año pasado, el procurador Ordóñez absolvió a los dos funcionarios del gobierno del ex presidente Álvaro Uribe, utilizando los mismos argumentos que tenía su antecesor, Edgardo Maya Villazón, para absolverlos.

Los Liberales y el Polo

En los hallazgos de este archivo del DAS hay nuevos correos electrónicos que se cruzaban funcionarios como la ex directora del organismo, María del pilar Hurtado, con la ex subdirectora de Operaciones, Martha Leal, que podrían demostrar el pleno conocimiento que había de los seguimientos a personas como el abogado Ramiro Bejarano, el ex candidato presidencial por el Polo Democrático, Gustavo Petro, y el presidente del Partido Liberal, Rafael Pardo.

Por ejemplo, está diagramado el núcleo familiar de Petro, las hojas de vida de los senadores Simón Gaviria y Juan Manuel Galán, decenas de fotos de Piedad Córdoba e informes escritos de reuniones que ella tuvo en la Universidad del Valle, en Cali, donde minuto a minuto se detalla quién habló y qué dijo.

Dice Caracol en su página web que se encontró también una carpeta escondida en uno de los computadores portátiles del DAS.

“Allí se hallaron más de 600 informes de inteligencia de fuentes reservadas, plenamente identificadas con un código, que entregaron información sobre reuniones privadas de sindicatos, políticos opositores al gobierno de Álvaro Uribe como Piedad Córdoba, Gustavo Petro, Carlos Gaviria y lo más grave: entregaron decenas de informes sobre cada uno de los movimientos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia”.

En uno de esos informes, enviado al DAS el primero de julio de 2008, se entregan detalles sobre una reunión extraordinaria de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la que contemplan una renuncia masiva, ante los ataques del entonces presidente Uribe.

Otro informe tiene detalles de los comentarios de los magistrados de la Corte Suprema el 8 de julio de 2008: “algunos magistrados se reunieron en el día de hoy y propusieron demandar al presidente (los magistrados son el doctor Jaime Arrubla Paucar, Augusto Ibáñez Guzmán, Tarquino)”. Dice Caracol que, incluso, hay transcripciones de las grabaciones ilegales hechas por dos ex empleadas de servicios generales de las reuniones en Sala Plena de los 23 magistrados y en las que se evidencian posiciones distantes entre ellos mismos.

Sorprende además que hay descripciones detalladas de cómo los partidos opositores al gobierno le responderían al ex presidente Uribe en determinados casos:

El primero de septiembre de 2008, el DAS obtiene información sobre una reunión en Ibagué del ex presidente César Gaviria con Alfonso Gómez Méndez, Rodrigo Rivera y Rafael Pardo. “Esto ya es de conocimiento público, a continuación, menciono lo que se conoció por debajo de la mesa. A raíz del enfrentamiento verbal e ideológico, existente entre el presidente Uribe y la oposición (Liberalismo) y sobre todo con el ex presidente GAVIRIA, y con respecto a las últimas declaraciones donde Gaviria manifiesta que URIBE, trata al liberalismo y a la oposición con irrespeto y como si ellos fueran la guerrilla de las Farc, Gaviria en su discurso, atacará al presidente Uribe le exigirá respeto para con el liberalismo, y la oposición e invitara al liberalismo a la unidad y a la reconquista del poder”.

Otro informe, del 26 de agosto de 2008, habla sobre los movimientos de la oposición contra una eventual segunda reelección de Uribe Vélez: “el Polo Democrático Alternativo, el Movimiento Mira, la bancada Por El País Que Soñamos y el Liberalismo buscarán esta semana atacar de manera individual y colectiva al Gobierno del presidente Álvaro Uribe frente a la propuesta de Reforma Política, bajo el argumento que es una propuesta con serios vacíos y progubernamental que trata de ‘crear una cortina de humo’ frente a las altas cortes por su labor frente a la parapolítica”.

Toda esta información está en manos de la Fiscalía, que con base en los elementos probatorios tomará decisiones a favor o en contra de funcionario de la Casa de Nariño y del DAS.

Legal pero fuera de la ley

No hace falta argumentar mucho para mostrar que las tesis de la política democrática en Colombia han estado en serias dificultades en los últimos tiempos.

Esta impresión surge del análisis de las prácticas políticas que hemos experimentado, orientadas por la pretensión de garantizar seguridad. Ellas buscaron justificar una estructura de relaciones de poder en el Estado, con un predominio absoluto del ejecutivo sobre los otros dos poderes.

Esta pretensión se realizó a través de los mecanismos procedimentales previstos en la ley, pero también por caminos ilegales. En efecto:

• Con la pretendida segunda reelección presidencial se buscó desarrollar una reforma institucional que desarticulaba el sentido fundamental de Constitución;
• Se manejaron prácticas corruptas para controlar y eliminar a la oposición, dentro de las cuales se utilizó a la policía secreta con fines políticos;
• Se asesinó y desapareció a personas inocentes para mostrar ante la opinión pública triunfos inexistentes de las fuerzas militares;
• Se distribuyeron los recursos del Estado, pocos o muchos, entre los más ricos;
• Se pagaron los votos favorables al régimen con notarías, otros cargos y contratos oficiales;
• Se entregaron las zonas francas como beneficio dinástico;
• Se favoreció un proceso de acumulación de riquezas y de concentración de la propiedad territorial en alianza con élites regionales vinculadas al narcotráfico y al paramilitarismo; y, por último,
• Se establecieron condiciones de negociación con el paramilitarismo sobre la base de la aceptación de un alto grado de impunidad, del sacrificio de la verdad y de la inexistente política de reparación a las víctimas.

Refundar el Estado

El poder ejecutivo, aliado con sectores del Congreso cercanos a las políticas del ex presidente Uribe, intentó adelantar procesos de reforma de la Constitución, con el fin de proponer una nueva estructura del Estado y de consolidar un proyecto hegemónico de dominación, centrado en la idea de la seguridad.

Se argumentó que un tipo de política autoritaria, de mano fuerte y de orientación militarista estaba determinada por una necesidad histórica: la única forma de enfrentar el proyecto armado de la insurgencia era mediante la derrota militar. Los partidarios de esa solución pensaban que debido a la profunda crisis política, social y económica en la que se debate el país desde hace varias décadas, la democracia, con sus incertidumbres, era más un obstáculo que un medio útil para salir del abismo.

Democracia de cartón

En este contexto el modelo de Estado se orientó hacia el despotismo y el autoritarismo, y muchos llegaron a creer que esa alternativa política era la correcta para superar los problemas del país. Por ese camino se avanzó hacia un tipo de concepción autoritaria de la política, según la cual, para ganar la guerra, el Estado o quienes pretendan actuar a su nombre pueden disponer de la vida de las personas desconociendo los derechos individuales y las garantías democráticas.

Contra la oposición política, los magistrados de las Cortes, la prensa independiente, las organizaciones defensoras de los derechos humanos y sectores campesinos, indígenas, académicos y sindicales, pero particularmente contra la articulación institucional de los tres poderes establecida en la Constitución de 1991, se adelantó y consolidó en forma dramática ese tipo de solución.

Por todo esto se puede afirmar que en Colombia, la política democrática está en crisis. Hay un profundo déficit democrático. La política de la seguridad desarrollada por el régimen de Uribe es en gran parte responsable del mismo. Y aunque a partir del nuevo gobierno vaya acompañada de la idea de la prosperidad democrática, sus efectos desestabilizadores sobre la estructura política del Estado se seguirán reproduciendo.

El reto de la democracia frente al paramilitarismo

Desde un punto de vista institucional, los efectos más negativos de la política de seguridad democrática consisten en la transformación de la estructura del Estado, tal y como había sido establecida en la Constitución de 1991, y en la profundización de la penetración de las mafias del narco paramilitarismo en las organismos del Estado. ¿Quién o quiénes fueron los actores políticos responsables de esta radical transformación del Estado? ¿Fue la parapolítica, es decir, la mafia y el paramilitarismo, el promotor de un proceso de transformación del Estado, quien con un proyecto político y legislativo propio buscó poner los poderes del Estado en función de sus intereses? ¿Se trató de un proceso de captura del Estado y sus instituciones políticas realizado por el paramilitarismo? ¿Se trató de un proceso de reconfiguración cooptada del Estado? ¿Se trató de la consecuencia lógica de un proceso histórico de dominación política de una clase que busca expandir y garantizar de manera permanente las condiciones de su dominación? O, ¿fue el Ejecutivo, no los parapolíticos, quien tiene un proyecto político, ideológico y legislativo propio para llevar adelante este cambio radical del Estado?

La interpretación oficial sobre el paramilitarismo afirma que éste es un fenómeno externo al Estado que ha infiltrado las instituciones y el mundo de la política. Se argumenta que los paramilitares, convertidos en señores de la guerra, a partir de la economía de la guerra y de la usurpación de funciones estatales en el ámbito local, lograron una infiltración mafiosa de la estructura del poder político.[1] El paramilitarismo es concebido como el actor que impulsó un proceso de transformación del Estado, mediante una calculada estrategia de terror, penetración de las instituciones políticas y mediante un proyecto político e ideológico propio. Defensores de esta postura afirman que el paramilitarismo “es una reacción de los traficantes de droga a las exacciones y al secuestro de las fuerzas insurgentes, a la cual se habrían sumado sectores de las fuerzas militares y sectores económicos legales y regionales (terratenientes ganaderos, comerciantes etc.) con fines de autodefensa.”[2] Otros afirman que el paramilitarismo “es una reacción de elites rurales, en alianza con narcotraficantes y fuerzas militares, a la agresión insurgente ante el desamparo estatal, a las negociaciones de paz y a las reformas políticas democratizantes“.[3] El paramilitarismo es visto, en esta interpretación, como resultado de una reacción de la sociedad a las amenazas a la seguridad de la vida y el patrimonio, ante la carencia de la autoridad estatal en muchas regiones del país. De este modo, se concibe, de un lado, que el Estado ha sido penetrado por el paramilitarismo y que ha sido víctima de la acción de las mafias de narcotraficantes y paramilitares; de otro lado, se niega o minimiza la responsabilidad estatal en la conducción de la guerra contrainsurgente.

Resultados de investigaciones recientes han demostrado que esta interpretación es absolutamente falsa. El paramilitarismo no es un fenómeno externo al Estado, afirma Liliana Franco. El paramilitarismo no ha penetrado al Estado, ni las transformaciones estructurales del Estado son consecuencia de una infiltración mafiosa de la estructura del poder político, se asevera en el libro coordinado por Claudia López, Y refundaron la patria De cómo mafiosos y políticos reconfiguraron el Estado colombiano. El paramilitarismo ha sido un factor fundamental en los procesos de cambio institucional de la estructura del Estado colombiano, pero el paramilitarismo no es el actor determinante de estos procesos de transformación, quien con un proyecto político propio haya buscado poner los poderes del Estado en función de sus intereses. Las evidencias encontradas en estas investigaciones indican que es al contrario. El actor determinante de este proceso de reconfiguración del Estado es el Ejecutivo. “La función del aparato estatal, escribe Franco, en la organización del bloque contrainsurgente se despliega a través de la rama ejecutiva porque este es el aparato que concentra el poder de la fracción hegemónica y reviste el papel dominante en el Estado“.[4] Todo indica”, escribe López, “que el que tiene un proyecto político-ideológico-legislativo propio es el Ejecutivo, no los parapolíticos, y es aquel el que está en capacidad de sacarlo adelante, usando instrumentalmente a los investigados por parapolítica como parte de sus mayorías políticas y legislativas.“[5] Esta conclusión de Franco y del equipo de investigación coordinado por López es muy impresionante y determina un cambio profundo en la percepción que podemos tener tanto del paramilitarismo como de los actores políticos responsables de las actividades de gobierno y legislación en los últimos períodos presidenciales.

A partir de los conceptos de “captura del Estado” y “reconfiguración cooptada del Estado”, propuestos por Luis Jorge Garay, se trata de mostrar en el libro coordinado por Claudia López, que papel jugó el Ejecutivo en este proceso de reconfiguración del Estado. “Reconfiguración por introducir cambios sistémicos en la estructura del Estado colombiano, prevista en la Constitución de 1991, y “cooptada” por el nivel de participación e influencia de actores e intereses ilegales e híbridos en su trámite legislativo.”[6] El concepto de reconfiguración cooptada del Estado, presupone la interacción entre organizaciones legales e ilegales que buscan mediante prácticas ilegítimas realizar reformas institucionales para transformar la estructura estatal en función de sus beneficios particulares; estos actores persiguen beneficios no sólo económicos sino principalmente penales o judiciales, políticos y de legitimación social; ellos se valen de métodos de coerción o alianzas políticas que complementan o sustituyen el soborno y se da en diferentes ramas del poder público. “De esta manera, se ha definido la “reconfiguración cooptada del Estado” como la acción de organizaciones legales e ilegales que mediante prácticas ilegítimas, buscan modificar, desde adentro, el régimen político de manera sistémica e influir en la formación, modificación, interpretación  y aplicación de las reglas del juego y de las políticas públicas, para obtener beneficios sostenibles y lograr que sus intereses sean validados política y legalmente, así como legitimados socialmente en el largo plazo, aunque éstos no obedezcan al interés rector del bienestar social.”[7] Así, una conclusión central presentada en este libro, dice que el Ejecutivo es el agente de un proceso de “reconfiguración cooptada del Estado” en tanto que ha promovido un cambio sistémico del Estado para impulsar un proyecto político propio, en asocio con actores e intereses ilegales e híbridos en su trámite legislativo, en función de profundizar los procesos de concentración de la riqueza y de la propiedad territorial, vinculados  a los intereses de algunas elites tradicionales locales y regionales y del narco paramilitarismo.

Liliana Franco defiende una posición más radical. El paramilitarismo no es un fenómeno externo al Estado que ha infiltrado las instituciones y el mundo de la política. Por el contrario, el paramilitarismo, en la forma del mercenarismo corporativo contrainsurgente, es un elemento substancial del Estado. Es decir, la violencia mercenaria contrainsurgente, que se ha dado desde los años ochenta hasta el presente, es la forma de violencia que  ha adoptado el Estado para enfrentar a las guerrillas, pero es sólo una nueva forma de violencia, que reproduce de otra manera la violencia estatal, que ha sido utilizada siempre a lo largo de la historia por el Estado colombiano y ha sido la que le ha permitido someter, eliminar, controlar, disciplinar y desorganizar a quienes pretenden oponerse al orden de dominación. “El mercenarismo corporativo contrainsurgente es una forma de reorganización de la fuerza que responde a un vínculo orgánico con el poder político así como a una dimensión privada, es decir, expresa una alianza de intereses económica y políticamente dominantes con una misión de seguridad y estabilización del orden en un contexto específico de guerra irregular. El objeto de esta forma de organización, y el núcleo de la misión de orden en el marco de una relación antagónica, es la violencia. A partir de un motivo político definido por el Estado, en correspondencia con los intereses de la sociedad útil a los que sirve, ésta es violencia ejercida en nombre de la seguridad, la libertad (de locomoción), la propiedad y la paz; ejercida en defensa del Estado y los “ciudadanos de bien”; conducida para prevenir y castigar, para disciplinar y desorganizar, para estabilizar y regular; practicada contra los rebeldes en armas o sin ellas, pero sobre todo contra colaboradores y simpatizantes actuales o potenciales [...] En síntesis, esta violencia, es el fundamento material de un nuevo consentimiento con la estructura de poder.”[8]

Así, si se concibe al paramilitarismo en la forma del mercenarismo corporativo contrainsurgente, puede, entonces, decirse que el desarrollo del paramilitarismo es intrínseco a la reestructuración de las relaciones sociales y del poder de las elites en las regiones que viene afianzándose en Colombia desde los años 80. Esta reestructuración del bloque de poder se ha dado en forma paralela con un proceso de concentración de la propiedad territorial y de participación de importantes grupos de las elites regionales en el narcotráfico.

De los resultados de estas investigaciones podemos plantear lo siguiente: los efectos más negativos de la política de seguridad democrática consisten en los cambios estructurales del Estado, contrarios al sentido de la Constitución de 1991, y en la profundización de la penetración de las mafias del narco paramilitarismo en las organismos del Estado. Estos dos procesos fueron promovidos, apoyados, coordinados y administrados por el Ejecutivo, que gobernó desde 2002 hasta 2010. Estos dos procesos son funcionales entre sí. Esto quiere decir que el Ejecutivo es el agente de un proceso de transformación del Estado en tanto que ha promovido tanto una reestructuración de las relaciones de poder entre sus tres ramas para así asegurar su potestad absoluta, como una reestructuración de las relaciones sociales y del poder de las elites. Y esto lo ha hecho en función de impulsar un proyecto político -ultraconservador y de derecha- de concentración de la riqueza y de la propiedad territorial, vinculado  tanto a los intereses de algunas elites tradicionales locales y regionales, como a los intereses de la mafia y al paramilitarismo. Podemos denominar a este proceso como “Transformación patológica del Estado”. “Transformación patológica” porque introduce cambios radicales en la estructura del Estado colombiano, contrarios a la Constitución de 1991 y porque realiza estos cambios con el apoyo de los parapolíticos que formaban parte de la coalición del gobierno, en función de promover intereses de actores ilegales.

El delegado sólo es un delegado

Así las cosas, es válida una pregunta: ¿Se pueden superar en Colombia las dificultades que obstaculizan hoy el ejercicio de la política democrática? Responderla es el propósito de este artículo. ¿Con qué argumento puede defenderse la democracia del peligro que representa la seguridad democrática?

Siguiendo a Locke[9], Rousseau[10], Sieyes[11], Montesquieu[12] y Kant[13]/[14], el argumento es definitivo: la política la hace el pueblo cuando se constituye como pueblo y expresa su voluntad soberana dictando una Constitución.

En términos de Sieyes, el pueblo tiene el poder constituyente, es decir, el poder de determinar la forma de gobierno que quiere darse. “El pueblo es el único que puede decidir cuál sea la forma de la república“[15], es el único que puede darse una Constitución y el único que puede cambiarla. “La nación existe antes de todo, es el origen de todo. Su voluntad es siempre legal. Ella es la propia ley. [...] La voluntad nacional sólo necesita de su realidad para ser siempre legal, es el origen de toda legalidad.“[16]

Ahora bien, si la Constitución es la que crea el orden, y de ella nacen los poderes, no puede ser obra de esos mismos poderes. Es más, no cabe dentro de las atribuciones de esos últimos la posibilidad de modificarla, ni de alterar su equilibrio. “Ningún tipo de poder delegado puede cambiar lo más mínimo las condiciones de su delegación.“[17] .

Al poder lo conforman las diferentes ramas del Estado: legislativo, ejecutivo y judicial, con funciones definidas por la autoridad soberana.

El intento del ejecutivo en alianza con sectores del Partido de la U y del Partido Conservador, mayoritarios en el legislativo, de realizar reformas institucionales con las que se pretendió desarticular el sentido fundamental de los principios plasmados en la Carta de 1991, fue contrario a este principio básico del constitucionalismo liberal.

Se puede y no se puede

Repito: no pertenece a las atribuciones del poder ejecutivo la posibilidad de modificar la Constitución. Su función es ejecutar las leyes que hace el legislativo. Nada más. “El gobierno sólo ejerce un poder real porque es constitucional; sólo es legal porque es fiel a las leyes que le han sido impuestas.“[18]

Pero el ejecutivo pretendió tener más poder que los otros poderes y, así actuó contra el dictum de Montesquieu: “Para que no se pueda abusar del poder es preciso que, por la disposición de las cosas, el poder frene al poder.“[19] Aquí no se trató de que el poder frenara al poder, sino del abuso del poder. El poder ejecutivo subyugó al legislativo a través del control aplastante, que el partido de gobierno -el Partido de la U-, ejerció en las dos cámaras.

Además, algunas de las altas magistraturas del control público quedaron bajo el dominio del ejecutivo (la Fiscalía y la Procuraduría fueron los ejemplos más notables). Se intentó también transformar la composición de las altas cortes en beneficio de los intereses particulares del gobernante y de su grupo. Al poder judicial lo sometió a la persecución, el espionaje y el chantaje. Y lo mismo hizo con la oposición y con la prensa crítica.

Al producirse una gran concentración del poder en el ejecutivo y la coalición de gobierno se limitaron las posibilidades de controlar sus acciones. Esto alteró el sistema de pesos y contrapesos establecidos en el texto constitucional y en la intención de los constituyentes de mantener un equilibrio entre los tres poderes. Esta concentración del poder puede ser descrita como un proceso de sometimiento al poder ejecutivo de las instituciones que hacen parte del sistema de pesos y contrapesos, que la Constitución de 1991 estableció mediante la articulación de los tres poderes y la definición de sus funciones.

Un simple delegatario

Dije antes que en primera instancia la política la hace el pueblo cuando expresa su voluntad soberana y crea una constitución.

Pues bien. En segunda instancia la hacen los tres poderes que representan la voluntad soberana del pueblo. La del legislativo se concreta en hacer la ley, la del ejecutivo en seguir la ley (o en aplicar las leyes a acciones o personas particulares), y la del judicial en sentenciar lo que es de derecho en cada caso. “Es más, en la medida en que la política es la vida del Estado y el derecho es la vértebra del Estado, política, en tanto actividad que afecta la sustancia misma del Estado, la hacen sobre todo el legislativo y el judicial, poderes relacionados con la ley en sentido estricto.“[20]

En el sentido del republicanismo, representado por Rousseau y Kant, la política del ejecutivo es de un nivel inferior. Es más una técnica, diferente del tipo de conocimiento que le corresponde al Derecho. El poder ejecutivo no es propiamente representante, es simplemente delegatario. La función del gobierno es derivativa, no es más que un encargo: hacer cumplir las leyes que propone el poder legislativo o que falla de forma irrevocable el poder judicial.

Patología de la política

De esto se sigue que si el ejecutivo intenta asumir la función de los otros poderes o no cumple con su propia función, da origen al despotismo o la anarquía. “Si el magistrado quiere dar leyes“, escribe Rousseau, “el desorden sucede a la regla, la fuerza y la voluntad no actúan ya de consuno, y el Estado, disuelto, cae en el despotismo o en la anarquía.“[21]. En el despotismo, cuando el ejecutivo asume para sí la función del legislativo; en la anarquía, cuando los súbditos no obedecen las leyes o los decretos del ejecutivo.

Si el ejecutivo pretende ser el único poder que hace política, estamos ante una patología estructural del Estado y de la política. ¿Qué son los acuerdos del gobierno de Colombia con el de Estados Unidos para permitir el uso de bases militares sin la aprobación legal del Congreso? ¿Qué significado tienen los acuerdos de negociación con la cúpula del paramilitarismo que se reflejaron en el proyecto de ley de Justicia y Paz? ¿Qué significado tienen los intentos ilegales, avalados desde la Casa de Nariño, de detener los procesos de investigación y de judicialización de parlamentarios vinculados a la parapolítica, mediante prácticas de terror e intimidación como el espionaje y las chuzadas?

En estos casos se trata de un proceso político y legislativo de transformación del Estado promovido por el Ejecutivo para impulsar un proyecto político propio, centrado en la seguridad y el apoyo a los planes de concentración de la riqueza y la propiedad territorial. Para esto el ejecutivo ha buscado asumir para sí la función de los otros poderes y que ha pretendido ser el único que hace política. “Todo estaría perdido“, escribe Montesquieu, “si el mismo hombre, el mismo cuerpo de personas principales, de los nobles o del pueblo, ejerciera los tres poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos o las diferencias entre particulares.“[22]

Patología del Estado

El equilibrio de los poderes, esencial en la democracia, se rompe cuando la voluntad del gobernante quiere sacar de sí mismo algún acto absoluto o independiente, o cuando pretende tener una voluntad particular más activa que la voluntad general del soberano legislador, y para ello hace uso de la fuerza pública que está en sus manos.

¿Qué significa que la fuerza pública, bajo el control del ejecutivo, haya participado en los asesinatos y desapariciones de más de dos mil personas para hacerlos figurar como caídos en combate? ¿Qué significa que algunos miembros de la fuerza pública, bajo el control del ejecutivo, se hayan aliado con el paramilitarismo y el narcotráfico para impulsar el más poderoso proyecto de acumulación de riquezas y de concentración de la propiedad territorial que se haya dado en los últimos tiempos en Colombia con el pretexto de enfrentar a la insurgencia? ¿Qué significa que el Partido de la U y el Partido Conservador, por orden del ejecutivo, hayan votado en forma mayoritaria contra la ley de víctimas y no se hayan ocupado de los procesos legislativos y judiciales para restituir a los campesinos las tierras robadas por los paramilitares? ¿Qué significa que el Ejecutivo y la coalición de gobierno -compuesta en gran parte por los congresistas vinculados a la parapolítica- hayan impulsado la Ley de Biocombustibles y la Ley Forestal, diseñadas en función de legalizar el despojo?

Todo esto quiere decir que el Ejecutivo es el agente de un proceso de “transformación patológica del Estado”.

Los responsables

¿Quiénes son los actores políticos responsables de haber impulsado este proceso de transformación patológica del Estado?

• En primer lugar, el poder ejecutivo del gobierno anterior por haber actuado con los parapolíticos en la coalición que ha gobernado al país desde el 2002 hasta la fecha y por haber instrumentalizado cambios sistémicos en la estructura del Estado colombiano, contrarios a la Constitución del 91.

• En segundo lugar, en las mayorías del Congreso, agrupadas en la coalición del partido de gobierno. Ellas permitieron que el poder legislativo se uniera al ejecutivo en una sola persona, y admitieron que el gobernante promulgara leyes tiránicas para hacerlas cumplir tiránicamente. Ellas promovieron una legislación en función de los intereses de los grupos ilegales del narco paramilitarismo para favorecer su impunidad, reducir su exposición penal y buscar su legitimidad política; permitieron que el poder legislativo se uniera al poder ejecutivo en la misma persona, admitiendo que el gobernante promulgara leyes contrarias al sentido y alcance de los textos constitucionales y a la intención de los constituyentes de crear un Estado social de derecho. Así, los representantes, elegidos para hacer la ley traicionaron la función política del legislativo.

• En tercer lugar, en gremios, estamentos, empresas privadas, grupos de presión, organizaciones locales y medios de comunicación, que aceptaron y avalaron una política en la que se podía disponer abiertamente de la vida de las personas, desconociendo los derechos individuales y las garantías democráticas.

• Y, finalmente, en las mayorías silenciosas formadas por ciudadanos corrientes, que por complacencia y fascinación con el autoritarismo aceptaron como normal e incluso como deseable una situación de dominio despótico, arbitrario y criminal.

El despotismo continúa

Por eso digo que estamos, no que estuvimos, ante una patología estructural del Estado. En efecto, los actores políticos responsables de impulsar ese proceso siguen ocupando las más altas magistraturas. El ministro de Defensa del gobierno anterior es hoy el Presidente de la República. Los partidos de la U y Conservador continúan siendo mayoritarios en el Congreso. Los gremios, empresas privadas, grupos de presión y medios de comunicación siguen aprovechándose de la política del Estado. Y las mayorías silenciosas no han alzado una voz crítica ante el predominio absoluto del ejecutivo sobre los otros dos poderes, es decir, ante el hecho político del despotismo.

Pienso, entonces, que para sanar al Estado de esta patología no basta con añadirle “prosperidad democrática” a la “seguridad democrática“. Los cambios que se necesitan son de fondo. Deben ir más allá de las personas y tienen que ver con las instituciones, con la creación de prácticas y hábitos democráticos y con la recuperación de la libertad democrática.

No hay que olvidar que el proceso de doblegar el Estado sometiéndolo a la voluntad del gobernante absoluto estuvo acompañado de la violencia paramilitar, con sus secuelas de terror, desolación y desplazamiento, de concentración de la riqueza (con el consiguiente aumento de pobreza y miseria de la mayoría de la población), y del crecimiento inusitado del desempleo, del despojo de tierras a los campesinos y del aumento de violaciones de los derechos humanos cometidas por agentes estatales.

¿Cuestión de forma?

Así que la recuperación de la libertad democrática no se hace simplemente cambiando el tono o la fachada. Se requieren cambios estructurales en la distribución del poder político y económico.

En relación con estos cambios en la esfera política:

• El ejecutivo debe volver a su función fundamental, subordinada frente a las de los otros dos poderes: ejecutar las resoluciones públicas del legislativo o las que sentencia en forma irrevocable el judicial;
• El legislativo, que viene de un largo proceso de traición a su función política fundamental, debe recuperar su potestad, haciendo que sus leyes conviertan en realidad, del mejor modo, los derechos de cada uno.

La felicidad como propósito

Ante la desestabilización de la estructura política del Estado producida por la seguridad democrática, la política democrática debe defender el ejercicio estricto, fiel, responsable y no enajenable de la expresión de la voluntad soberana del pueblo, que se produce en la Constitución y en la conformación y estricto control de los tres poderes que representan al soberano.

En consecuencia, el propósito de la política democrática es definir cómo cada uno de los poderes que representan al soberano participan del fin básico de la política, que en sentido kantiano tiene que ver con la posibilidad de que los hombres alcancen su felicidad en este mundo.

* Instituto de Filosofía, Universidad de Antioquia